Los subsidios están en el corazón de los principales desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. La política de energía barata incentivó un mayor consumo y una caída de la oferta, que generó un déficit de la balanza energética de más de US$ 6.000 millones. El  gasto en subsidios es financiado por transferencias del Banco Central al Tesoro, las cuales son, a su vez, la principal causa detrás de la inflación. El aumento de la demanda de dólares, atizada por la inflación y las importaciones energéticas, terminó en el “cepo”, que explica, en gran medida, el deterioro de la economía argentina en el último trienio.

¿Cómo se sale del laberinto de los subsidios? Las estimaciones de CIPPEC sugieren que una política de shock podría resultar un camino erizado: generaría un aumento de alrededor de 2% de la pobreza en el AMBA, reduciría el ingreso de los sectores medios en un 5%, duplicaría el peso del gas, la electricidad y el transporte público en el gasto de los hogares con menores ingresos, y sumaría en lo inmediato un 4% a la inflación. Una devaluación del 40% en enero obligaría, además, a aumentar los subsidios o forzaría un ajuste tarifario aún mayor. El antecedente de la suba tarifaria del gas en 2009 (con su secuela de cacerolazos y recursos de amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llevó a postergar el ajuste indefinidamente) abre, asimismo, interrogantes sobre la factibilidad política de la estrategia de shock.