La sanción de la Ley No 26.075 de Financiamiento Educativo en diciembre de 2005 estableció la meta de alcanzar el 6% de la participación del PBI destinado a Educación, Ciencia y Tecnología. En el contexto del federalismo argentino y luego de la transferencia de servicios educativos nacionales de los años `90, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires tienen a cargo el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto educativo consolidado, como responsables directas de la gestión de la educación no universitaria. Por ello, resulta central monitorear los esfuerzos que realizan año tras año las provincias para garantizar la inversión educativa como mecanismo clave para cumplir con las distintas condiciones necesarias para el ejercicio del derecho integral a la educación.