En democracia, el financiamiento de la política requiere normas claras que garanticen la transparencia respecto del origen de los fondos y la equidad en las condiciones para acceder a los recursos. Conocer efectivamente quiénes financian una campaña es indispensable tanto para que los ciudadanos puedan emitir un voto informado como para permitir el control durante el ejercicio del funcionariado.

En la Argentina, la normativa de financiamiento político prevé un sistema de financiamiento mixto basado mayoritariamente en fondos públicos. Las limitaciones al uso de recursos privados conviven con una normativa bastante laxa respecto del uso de los recursos públicos con fines proselitistas. Este marco normativo se presenta en un contexto donde son pocos los partidos que cuentan con recursos de personal, experiencia o tecnología para recaudar fondos de campaña, y donde el 90% de los aportes declarados por estas instituciones se realizan en efectivo.