Publicado en marzo de 2019
Invertir en la niñez es un compromiso y una obligación que el Estado debe asumir para garantizar el goce pleno de los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y sostiene que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a sus derechos hasta el máximo de recursos que dispongan. Los Estados que adhieren a este tratado se comprometieron a sostener la intangibilidad de los fondos asignados a políticas para la infancia y la prohibición de asignar recursos de manera decreciente.
Dentro de la normativa nacional, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce los derechos de los niños emanados de la Convención y establece organismos nacionales y federales para asegurar su cumplimiento. En su artículo 72 afirma que el Poder Ejecutivo debe contemplar partidas presupuestarias suficientes para el funcionamiento del sistema, y establece que estas no podrán ser inferiores a las del período anterior.
¿Por qué es importante invertir en la infancia?
El desarrollo en la infancia es crucial. Los campos de la neurociencias, la psicología y la salud sostienen esta afirmación: hay evidencia que la niñez, y en particular la primera infancia, es un período evolutivo en el que se experimentan cambios madurativos acelerados y procesos de interacción sociales muy significativos. Estos procesos pueden tener un impacto de por vida, por lo cual es esencial asegurar que los niños crezcan en ambientes sanos y estimulados.
La inversión en la infancia también es relevante desde un punto de vista económico: cuanto más temprana es la inversión en capital humano, mayores son sus retornos económicos. Según estimaciones, por cada dólar invertido en políticas de desarrollo infantil temprano de calidad existe un retorno de hasta 17 dólares (Unicef y Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 2010).
Infantilización de la pobreza
En la Argentina la pobreza está fuertemente infantilizada en todas sus dimensiones. Esta cuestión se agudiza al observar la situación de la primera infancia, cuya tasa de pobreza por ingresos alcanzó el 40% en 2017.
Pobreza e indigencia en niños y adultos. Aglomerados urbanos (1° trimestre 2018)
Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2018a).
En este contexto, la protección de los derechos de los niños mediante la inversión en infancia se vuelve aún más importante. Pese a la priorización discursiva de la niñez, esta solo puede hacerse efectiva si se ve reflejada en la asignación presupuestaria de recursos para la infancia.
