La Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función política de monitorear y evaluar. Tampoco cuenta con una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a la función de evaluación en el Estado. Las leyes que existen se enfocan en el control del gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados de desarrollo que se logran. Tampoco existe un organismo de evaluación que se responsabilice por el despliegue de la polí- tica o el sistema nacional de evaluación. Solo existen esfuerzos aislados en algunos ministerios. Las instituciones de evaluación de políticas públicas generan conocimiento y aprendizajes sobre aquello que funciona y aquello que no, para tomar mejores decisiones sobre las intervenciones estatales que afectan la vida de las personas.

En América Latina los organismos de evaluación evolucionaron desde los años 70 permeando la administración pública a través de la puesta en marcha de sistemas e instituciones y la realización de evaluaciones con alcance y focos muy diversos. Sin embargo, la Argentina todavía no desarrolló, más allá de la experiencia del Sistema Integrado de Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), un organismo capaz de liderar la práctica de evaluación en el Estado argentino.

Este documento propone un diseño posible para una Agencia Nacional de Evaluación. Entre sus posibles funciones se incluye: 1. regular el diseño de planes y programas con criterios rectores y conductas en evaluación; 2. diseñar un Plan Nacional de Evaluación que oriente y coordine la gestión de la evaluación; 3. articular recursos e información con actores relevantes de todos los sectores; 4. desarrollar capacidades de evaluación; 5. gestionar el conocimiento que surge de evaluaciones (seguimiento de las recomendaciones, difusión de resultados, hallazgos y aprendizajes); y 6. promover la articulación tanto hacia el interior del gobierno, como desde la Agencia con otros poderes del Estado y la sociedad civil.