No hay desarrollo económico sin acción estatal. Es el Estado quien crea mercados, provee bienes públicos, fomenta la investigación y la innovación, define reglas de juego y ofrece incentivos para que el sector privado produzca riqueza. Es también quien compensa las desigualdades de origen y habilita que las oportunidades de progreso sean parejas: es quien protege a aquellos que por un motivo u otro quedan rezagados. El Estado también puede contribuir a la formación de consensos que son indispensables para el desarrollo.

Argentina es un caso fallido de desarrollo económico: nuestro país viene experimentando décadas de retraso relativo. El ingreso promedio por habitante es sólo un tercio mayor de lo que era a mediados de la década de 1970. Eso significa que el crecimiento por habitante ocurrió al magro ritmo de 0,7% anual. Después de Venezuela, hemos sido el país de Sudamérica con la tasa de crecimiento más baja. El menor crecimiento relativo a nuestros vecinos durante estas cuatro décadas hizo que el ingreso promedio de un ciudadano latinoamericano pase de ser el 42% del de su par argentino al 70%. Una preocupante convergencia desde arriba hacia abajo.

La evolución del ingreso promedio por habitante, además, enmascara brutales asimetrías al interior de nuestra sociedad. En 1970, el ingreso de un miembro de los hogares que pertenecen al 10% más rico de la población era 9,5 veces el ingreso de su par de los hogares ubicados en el 10% más pobre. En la actualidad, esta relación se incrementó hasta a 16,4 veces, habiendo alcanzando un pico de casi 40 veces durante la crisis de 2001.

La combinación de bajo crecimiento con empeoramiento distributivo explica el brutal ensanchamiento de la pobreza en los últimos cuarenta años. A mediados de la década de 1970, alrededor del 6% de los hogares estaba debajo de la línea de pobreza. Hoy la cifra se sitúa levemente por debajo del 30%.  Si bien la comparación no debe leerse de estrictamente por los cambios significativos en las canastas con las que se toma la medida, sirve de todos modos para dar un orden de magnitud y dimensionar el problema.

El desarrollo económico en una democracia es el resultado de una acción colectiva virtuosa, guiada por una mirada compartida sobre el rumbo a seguir. Sabemos que no es fácil construir consensos y la experiencia argentina es una muestra elocuente de esa dificultad. El movimiento pendular entre rumbos opuestos, muchas veces antagónicos, es característico de nuestra historia y explica en buena medida nuestro fracaso colectivo. No podemos aspirar al desarrollo económico sin dar forma a una mirada consensuada sobre nuestro destino.

¿Cómo impactarán el desarrollo y adopción de las nuevas tecnologías en la producción global y nacional? ¿Cuáles de los sectores y firmas existentes tienen más chances de desarrollarse y alcanzar niveles de productividad internacional? ¿Qué políticas se requieren para desplegar su potencial? ¿Cómo se ayuda a reconvertir a aquellas firmas y actividades que no pueden subsistir? ¿Cuáles son las estrategias de inserción internacional que se abren frente a la nueva configuración geopolítica? ¿Qué políticas ayudan a cerrar las brechas de género e incorporar a la mujer al mercado de trabajo, permitiendo así aprovechar todo su potencial y talento actualmente subutilizado? ¿Qué tipos de empleos habrá en 15 años y cuáles son los que mejor se adecuan a los distintos grados de calificación de nuestra fuerza de trabajo? ¿Con qué exportaciones conseguiremos año a año las divisas que se requieren para un crecimiento sostenido? ¿Qué mecanismos de protección social desplegaremos para aquellos a los que los beneficios del crecimiento económico no les llega y para aquellos que se jubilan? ¿Cómo financiaremos ese gasto?

Las respuestas a estas y otras tantas preguntas igual de relevantes pueden dar lugar a estrategias de desarrollo muy diferentes. Construir consenso sobre una estrategia de desarrollo implica acotar el margen de discrepancia respecto a estas cuestiones. El Estado puede contribuir a este objetivo. Puede aportar conocimiento, ideas y evidencia que sirvan de marco a la discusión de las políticas públicas necesarias para lograr un desarrollo sostenido.

Desempeñarse en este papel requiere de una entidad -una Agencia u Oficina de Planeamiento- que tenga por objetivo pensar la Argentina a 10 o 15 años a partir de un diagnóstico preciso y que pueda anticipar los desafíos del futuro.

Para que una institución de esta naturaleza contribuya a generar consenso respecto al modelo de país que buscamos es central que los distintos actores políticos y sociales confíen en ella. Tres ingredientes son indispensables a tal fin. El primero es la autonomía del poder político. La segunda es que su conducción recaiga en un cuerpo colegiado con representatividad de las distintas coaliciones políticas y de las fuerzas vivas de las sociedad (sindicatos de trabajadores, cámaras empresarias, movimientos sociales y la academia). Es indispensable, por último, que esté compuesta por una burocracia motivada y altamente capacitada.

El Estado argentino no cuenta hoy con una institución de estas características. Crearla podría contribuir a la formación de consensos respecto a qué camino tomar para devolver a la Argentina a la senda del crecimiento y la equidad.