25 años de rendir cuentas: los informes de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Congreso (1995-2020)


Publicado en mayo de 2022

Explicar los actos de gobierno es una obligación de quienes ejercen un cargo público, del mismo modo que ejercer su control e imponer sanciones efectivas en casos de incumplimiento o excesos lo es para las agencias estatales. La literatura coincide en que hay dos ideas centrales en la rendición de cuentas: brindar explicaciones supone entregar información pública y abierta tanto como generar procesos de argumentación y debate públicos que informen el aprendizaje y la toma de decisiones, y, en segundo lugar, es necesario que la agencia controladora ejerza la capacidad de sanción.

En Argentina, existen distintas instituciones de rendición de cuentas. El foco de este trabajo está puesto particularmente en los informes de gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros al Congreso Nacional, por tratarse de uno de los mecanismos más nuevos y novedosos que trajo la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Los informes son estratégicos para la gestión y la política, al mismo tiempo que un mecanismo central para explicar los resultados de gobierno.

Resultan una herramienta clave para el Poder Ejecutivo a la hora de impulsar la agenda política, explicar las decisiones tomadas y visibilizar los resultados obtenidos, además de las dificultades encontradas. Para el Poder Legislativo, son fundamentales en el ejercicio de su función de control, al mismo tiempo que ofrecen una oportunidad de marcar diferencias de agenda entre oficialismo y oposición o articular posiciones entre la oposición. Sin embargo, durante los primeros 25 años de la Jefatura de Gabinete de Ministros (1995-2020), el nivel de cumplimiento de los informes escritos –desarrollados en un documento a partir de las preguntas escritas de quienes legislan y las respuestas de la Jefatura de Gabinete– y orales –sesiones informativas donde la Jefatura de Gabinete se presenta alternada y mensualmente ante las Cámaras– fue muy bajo: se concretó el 56,4% de los escritos y el 37,9% de los orales, lo que lleva a pensar que los informes de gestión no llegaron a legitimarse del todo como instrumento de rendición de cuentas después de la reforma constitucional.

La experiencia internacional muestra una diversidad enorme en cuanto a la regulación de este mecanismo. Entre los once países investigados, hay cuatro elementos que son relevantes para entender cómo funciona este mecanismo: i) una regularidad en su frecuencia, que se da en todos los casos a excepción del argentino (ya sea en forma diaria, semanal o mensual, el informe sucede sistemáticamente sin excepciones según corresponda a lo dispuesto en cada país); ii) la duración de la sesión de preguntas ante el Congreso, en casi todos los casos, es considerablemente más acotada que en Argentina, que duplica el tiempo disponible en comparación con los demás países; iii) la existencia de mecanismos que prevén el reemplazo y/o la sanción en caso de ausencia; iv) el temario de la sesión, en casi todos los casos, impone el tratamiento de asuntos públicos vinculados a los planes de gobierno, excluye opiniones y preguntas de índole personal y, en algunos casos, se prevé el control de admisibilidad.

Este trabajo analiza una serie de factores vinculados a la eficacia y eficiencia del informe de gestión que influye en su baja utilización en Argentina: i) la presentación de informes de gestión (escritos y orales) no parece estar vinculada a una política de Estado ni a un estilo de gobierno, sino a una decisión del funcionario o la funcionaria a cargo de la JGM, su contraparte en el Congreso y la capacidad de coordinación que se establece entre ambos; ii) el bajo cumplimiento del informe en los primeros 25 años está vinculado con un diseño reglamentario deficiente y poco práctico que dificulta su concreción y agilidad; iii) al no estar ordenadas con algún criterio temático, las preguntas y respuestas son utilizadas para saturar el mecanismo, se repiten y no van al punto de la rendición de cuentas; iv) la baja vinculación del informe con los dispositivos de datos abiertos e información pública que tiene el Estado argentino hace que sea más fácil pedir los datos a las distintas agencias que buscarlos online.

El documento presenta una serie de recomendaciones de mejora para elevar su cumplimiento y efectividad como instrumento de explicación de los actos de gobierno: i) fijar una fecha regular para la realización del informe; ii) tipificar y limitar las excepciones al cumplimiento previstas; iii) promover una agenda de preguntas y respuestas acotada y vinculada estrictamente a las funciones de la JGM; iv) utilizar otros mecanismos existentes en la Constitución Nacional para aquellos temas sectoriales que requieren un tratamiento aparte y no son responsabilidad directa de la JGM; v) acotar los tiempos del informe oral en las Cámaras para facilitar la agilidad y así lograr una mayor focalización en las intervenciones de legisladoras y legisladores y de la JGM; vi) publicar el informe de gestión con parámetro de datos abiertos a través de un sistema de gestión que interconecte al Poder Legislativo con el Ejecutivo y proporcione una plataforma única para la gestión de preguntas y respuestas.

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