En la Argentina la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas se realiza a voluntad de los funcionarios. Por ejemplo, los ministerios de Educación, Trabajo y Empleo, y Producción de la Nación tienen áreas específicas dedicadas a la evaluación de las políticas. En algunas provincias como Santa Fe se observa el esfuerzo por evaluar políticas como el Plan Abre o el Plan del Norte, y el de la ciudad de Rafaela por crear una Agencia Municipal de Evaluación. En la provincia de Buenos Aires existe un esfuerzo por la evaluación de la gestión. Sin embargo, los esfuerzos están desarticulados.

La Constitución Nacional otorga a la Jefatura de Gabinete la misión monitorear y evaluar, articular los sistemas de evaluación sectoriales, y desarrollar un sistema de seguimiento de los programas de gobierno. Sin embargo, 23 años después de creada su figura, no es evidente una estrategia nacional de evaluación de las políticas públicas.

El camino que eligieron algunos países federales fue el de crear organismos estatales dedicados a regular o coordinar las evaluaciones de políticas. Canadá, México, España y Brasil son ejemplos de enfoques distintos que buscan garantizar la práctica de la evaluación de los resultados e impactos de planes y programas para generar aprendizajes que permitan gobernar mejor.

En los últimos años, el Congreso Nacional produjo por lo menos cinco proyectos de ley (dos en diputados y tres en senadores) para crear una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas que no llegaron a ser tratados con profundidad.

En la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe (EVAL 2017), desde CIPPEC pensamos que la creación de un organismo de evaluación en Argentina podría:

1. Generar mayor conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas que permitan a los funcionarios tomar mejores decisiones.

2. Garantizar procesos transparentes de producción y difusión de información, contribuyendo a aumentar la transparencia de la función pública.

3. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, como el Informe sobre el Estado de la Nación o el Informe mensual sobre la marcha del Gobierno que realiza el Jefe de Gabinete.

4. Articular y mejorar los esfuerzos actuales de planificación y evaluación al interior de la Administración Pública.

Entre sus posibles funciones podría incluirse la regulación del diseño de planes y programas con criterios rectores y conductas en evaluación; el desarrollo de un Plan Nacional de Evaluación que oriente y coordine la gestión de la evaluación; la articulación de recursos e información con actores relevantes de todos los sectores; el desarrollo de capacidades de evaluación a nivel federal; la gestión del conocimiento que surge de evaluaciones (seguimiento de las recomendaciones, difusión de resultados, hallazgos y aprendizajes); y la articulación tanto hacia el interior del gobierno, como desde el organismo con otros poderes del Estado y la sociedad civil.