Los desafíos y las tensiones que el Estado enfrenta son cada vez más complejos y se dan en contextos de una incertidumbre cada vez más marcada. Esto obliga a que la Administración Pública enfrente los escollos y resuelva los problemas de formas diferentes a las que conocía hasta ahora. Los nuevos enfoques requieren de un uso mucho más intensivo y sofisticado de la gran cantidad de datos que se producen en forma creciente, pero que en Argentina están subutilizados para el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
Para comprender exhaustivamente lo que implica ese escenario de transformación, se debe partir de una premisa crucial: contar con una gran cantidad de datos no significa que estos se transformen automáticamente en información –aún menos en conocimiento– aplicada al quehacer estatal. Y en Argentina la trazabilidad, coordinación, el intercambio y gobernanza de datos son asignaturas notoriamente pendientes.
En este aspecto, el Estado argentino se caracteriza primordialmente por la heterogeneidad y diversidad en las formas en que obtiene datos. La mayoría de los organismos públicos (AFIP, ANSES, RENAPER, INDEC, de educación y de salud, entre otros) captura y administra sus propias bases de datos con tecnologías e infraestructuras diferentes, lo que hace prácticamente imposible la comparación, el intercambio o la integración de esos datos en información. Un déficit que, en definitiva, atenta contra la calidad de las políticas públicas y es parte de las falencias que impiden la creación de una cultura del dato. En pocas palabras, en Argentina existen datos, pero faltan soluciones que permitan integrarlos.
Muestra de ello es la desvinculación entre los 1.154 datasets de las 36 organizaciones
estatales publicados en la plataforma Datos Argentina y la planificación o el seguimiento de políticas. A esto se suman los inconvenientes y restricciones que existen para adquirir equipamiento de última generación, junto a la acelerada dificultad para incorporar y retener al personal técnico especializado. Si a este escenario, además, se le suma la falta de un marco normativo armónico y actualizado que regule la generación y el uso de datos, lo que se distingue es un rezago ostensible que deja a la Administración Pública con rasgos de obsolescencia aún más marcados.
La ausencia de una gobernanza de datos contribuye al desarrollo de una cultura de silos de información, donde cada institución recolecta y administra sus propios datos, lo que resulta en una desmesurada cantidad de duplicaciones de datos y procesos. Producto de ello, la ciudadanía tiene que informar sus datos una y otra vez para cada trámite que realiza y, sumado a eso, las entidades públicas desarrollan un sentido de propiedad de los datos que poseen. Es decir, el no contar con una gobernanza de datos cultiva una visión mercantilista de los datos en posesión de las instituciones públicas, donde los organismos negocian de manera ad hoc el acceso a los datos que administran.
Por el contrario, una buena gobernanza de datos fortalece las capacidades estratégicas de los Estados. Permite la entrega de servicios integrados y con interacciones simplificadas con las personas, aumentando la eficiencia y calidad en la toma de decisiones, promoviendo una política pública proactiva, capaz de anticiparse a escenarios futuros en vez de reaccionar ante los hechos. ¿Qué falta entonces para vislumbrar una transformación digital del Estado impulsada por los datos en Argentina? Faltan mecanismos de gobernanza, un marco legal, capacidades técnicas y recursos humanos que afiancen una cultura del dato que lo considere un activo clave para gobernar.
Hoy, al interior de la Administración Pública Nacional (APN), observamos: falta de coordinación centralizada para el uso de datos en todo el gobierno y de puntos de contacto en los ministerios y otras instituciones para la administración interna de sus datos; falta de un marco normativo armónico y actualizado que regule la generación y el uso de los datos y mecanismos ágiles para el intercambio de datos a nivel federal; obstáculos para adquirir equipamiento de última generación que permita disponer de la infraestructura técnica para compartir datos de gobierno; poca utilización de datos existentes y, por último, una dificultad para incorporar y retener personal técnico especialista en datos.
De cara a esta problemática, desde CIPPEC buscamos impulsar la transformación digital del Estado a través de la digitalización e incluso la automatización progresiva de los procesos administrativos –con foco en la gobernanza de datos– para que la definición, implementación y evaluación de políticas públicas se haga en base a evidencias. Para eso es necesario consolidar la integración y la interoperabilidad de los datos vinculados a la gestión con los que cuentan los diferentes organismos estatales, fortaleciendo el papel rector de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de una estrategia nacional para la gobernanza de datos que abarque el desarrollo y armonización del marco normativo.
En paralelo, se deben fortalecer los recursos humanos y tecnológicos disponibles y necesarios a futuro, además de crear un diseño institucional que se enmarque en una política federal de datos y permita una coordinación horizontal y vertical eficiente en materia de generación e intercambio de información para la toma de decisiones. Comprender al dato como un insumo ineludible para el diseño y evaluación de políticas públicas permitirá proveer bienes y servicios mucho más orientados hacia la atención de demandas ciudadanas, cada vez más complejas y urgentes. Paralograrlo, se debe establecer una estrategia que considere: 1) institucionalización de la función de
gobernanza; 2) actualización del marco normativo; 3) fortalecimiento de infraestructura técnica; 4) desarrollo de capacidades de datos; 5) desarrollo de talento humano.
