El cuidado infantil tiene un rol fundamental en las sociedades y su economía: no sólo es un derecho de niños, niñas y adolescentes, sino que es indispensable para el desarrollo de las capacidades de las nuevas generaciones. En Argentina, son las familias y, en su interior, las mujeres quienes realizan la mayor parte de este trabajo de forma no remunerada.

Esta organización social del cuidado debe ser puesta en cuestión. Mientras que las familias con mayores recursos pueden tercerizar el cuidado a través de la contratación de servicios en el mercado (trabajadoras domésticas remuneradas, espacios de cuidado privados, entre otros), en los hogares con menores ingresos las alternativas se reducen a que las mujeres no se incorporen al mercado laboral, a delegar estas tareas no remuneradas en otros familiares (hermanas, tías, abuelas) y/o a acceder a servicios de cuidado de baja calidad. En un país donde más del 54% de los niños y niñas vive en situación de pobreza, este esquema reproduce intergeneracionalmente las desigualdades socioeconómicas y de género.

Por esta razón es fundamental invertir en políticas que reconozcan el valor del cuidado y busquen distribuirlo más equitativamente, no sólo entre géneros sino también entre las familias, el Estado, la comunidad y el mercado. Para abordar esos desafíos, desde CIPPEC proponemos avanzar en un sistema integral, articulado y federal de cuidados para la infancia que se implemente de manera gradual, considerando las restricciones presupuestarias que impone la coyuntura. Para eso, la propuesta se sostiene sobre tres ejes de acción: tiempo (licencias), dinero (transferencias) y servicios (espacios de crianza, enseñanza y cuidado).

Tiempo para cuidar. Argentina tiene una de las licencias por paternidad más cortas en Sudamérica: sólo dos días consecutivos. A eso se suma que sólo la mitad de los trabajadores/as puede acceder a este derecho: monotributistas, autonómos/as, independientes e informales están excluidos/as (ELA y UNICEF, 2022). También se excluyen a las familias que adoptan y a las que no cumplen con el esquema tradicional madre-padre. Al mismo tiempo, existen diferencias entre quienes acceden a este derecho a través del empleo privado y del público, aunque tienen algo en común: las licencias para madres y personas gestantes son mucho más extensas que las correspondientes a padres y personas no gestantes.

Teniendo en cuenta las restricciones fiscales imperantes, desde CIPPEC proponemos tres reformas graduales alternativas del sistema de licencias. El escenario máximo contempla incluir a todas las personas gestantes y no gestantes independientemente de su categoría ocupacional y conformación familiar, a adoptantes y a quienes recurren a técnicas de reproducción asistida, además de extender las licencias a 126 días para todos/as en 2031. En caso de no lograr el consenso político necesario, se propone un escenario de media, en el que se incluye a autónomos/as y monotributistas, adoptantes y a quienes recurren a técnicas de reproducción asistida, y extender a 100 días las licencias para gestantes y no gestantes en 2031, priorizando a las personas no gestantes. Por último, un escenario de mínima, el cual se diferencia del anterior al extender las licencias para personas gestantes a 126 días y la de padres/personas
no gestantes a 30 días.

Dinero para cuidar. Argentina otorga diferentes transferencias a las familias con niños, niñas y adolescentes, buscando asegurar un mínimo de ingresos que las proteja. Es un sistema conformado por tres componentes que dependen de la situación laboral de las personas adultas a cargo: la vía contributiva para trabajadores/as formales (Asignaciones Familiares), la vía no contributiva para desocupados/as, informales, trabajadoras del servicio doméstico y monotributistas sociales (Asignación Universal por Hijo y Prestación Alimentar) y la deducción del impuesto a las ganancias para quienes pagan ese tributo.

Pese a los avances logrados en términos de transferencias a la niñez, aún persisten desafíos considerables. Existe un déficit de cobertura (aproximadamente un 10% de niños/as y adolescentes que no recibe ningún tipo de transferencias), un problema de equidad (quienes reciben AUH deben cumplir con una serie de condicionalidades en materia de salud y educación que  no son solicitadas en ninguno de los otros dos pilares), falta de progresividad (los/as trabajadores/as del rango de ingresos más alto dentro de quienes pagan Ganancias ahorran montosmayores que los correspondientes a las asignaciones de los dos tramos superiores del pilar contributivo) y falta de integralidad (la Prestación Alimentar no alcanza a adolescentes y tiene un mecanismo de actualización distinto al de la AUH y las asignaciones familiares contributivas).

Para ampliar la cobertura y alcanzar a niños/as que aún no reciben transferencias, se deben mejorar los sistemas de información y gestión. Además, es necesario rever las diferencias normativas entre el pilar contributivo y el no contributivo. Teniendo en cuenta esto, la propuesta de CIPPEC considera unificar gradualmente la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar –cuyo monto deberá actualizarse en forma trimestral– hasta llegar en dos años al monto correspondiente a una canasta básica alimentaria por adolescente, alcanzando a la totalidad de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años del pilar no contributivo.

Con el fin de reducir potenciales desincentivos a la formalización laboral, se disponen incrementos en todos los rangos de las asignaciones familiares contributivas, entre otras medidas. Por último, para incentivar una nutrición de calidad, los reintegros del 15% a las compras de alimentos con la tarjeta débito AUH pueden incrementarse a 25% en el caso de verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y lácteos.

Servicios para cuidar. Los espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) para la primera infancia (jardines de infantes, jardines maternales, salas cuna y centros de desarrollo infantil, entre otros) reciben a niños y niñas de entre 45 días y 5 años. Además de contribuir al desarrollo de las capacidades infantiles, estos espacios promueven la autonomía económica de las mujeres. Sin embargo, en todo el territorio nacional, apenas el 33% de los/as niños/as menores de 4 años acude a alguno de estos espacios y la asistencia varía dependiendo de la edad, el nivel socioeconómico y la provincia en la que residen. La propuesta de CIPPEC contempla ampliar la oferta de espacios CEC en el tramo de 0 a 3 años hacia 2035 y universalizar la sala de 4 hacia 2027, garantizando la calidad del cuidado, las condiciones de trabajo decente en los
espacios y un marco de funcionamiento común.

Esta propuesta de un sistema integral, articulado y federal de cuidados para la infancia no debe descansar en la lógica sectorial de la organización administrativa pública que, por definición, permite intervenciones parciales. Abordar integralmente problemas sociales tan complejos como los mencionados requiere de una intersectorialidad de alta intensidad que permita atacar sus causas. Por ello, los avances en las tres áreas deben estar acompañados por instancias gubernamentales permanentes de coordinación intersectorial e interinstitucional, con mandato, división de tareas y asignación de recursos, que ejerzan la gobernanza del sistema.

Las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes son más eficientes y tienen mayores retornos que otras que, más adelante en el ciclo de vida, intentan reparar las consecuencias de los derechos vulnerados en la primera infancia. Avanzar en este camino no sólo permitirá saldar una de las principales deudas de estos 40 años de democracia, también representa una oportunidad para reactivar sectores clave, como la construcción y el empleo.