Los subsidios económicos, particularmente aquellos del sector energético, son un problema sin solución de las últimas dos décadas. El estado de emergencia permanente en que se encuentra el sector –vigente en 20 de los últimos 22 años– deriva en congelamientos de tarifas prolongados que, en contextos de inflación alta, implican distorsiones notorias entre los precios que paga la demanda y los costos de prestación de los servicios públicos.

Los subsidios pueden justificarse como un mecanismo que busca que los servicios sean accesibles para toda la población, en particular los sectores vulnerables. Sin embargo, en ocasiones pueden empeorar la calidad del servicio y terminar perjudicando a quienes se quiere proteger: los hogares usuarios. Por caso, la gestión con dificultades financieras severas termina brindando servicios de baja calidad como consecuencia de la falta y/o retraso de inversiones de mantenimiento o de expansión de las redes a su cargo.

Existe entonces un trade off entre la accesibilidad (el precio que usuarios/as están dispuestos/as a pagar) y la sostenibilidad del sistema (el nivel de falla del servicio que usuarios/as están dispuestos/as a tolerar), escenario que hace que las tarifas públicas se tornen una cuestión central de política pública dentro de cualquier modelo de desarrollo.

En Argentina, esta situación permanece irresuelta desde la salida de la convertibilidad y, desde entonces, los recursos públicos destinados a cubrir la diferencia entre precios y costos fueron incrementando, que hoy significan una mochila pesada para las cuentas públicas. En 2022, los principales subsidios a la energía alcanzaron los USD 12.427 millones (el 2% del PIB), que explica el 82% del déficit fiscal primario del año, según datos de Presupuesto Abierto. Esta dinámica y magnitud hacen que la problemática de los subsidios a la energía trascienda los límites sectoriales y termine repercutiendo a nivel macroeconómico, fiscal y social.

Ese mismo año el Estado cubrió el 79% del costo de la energía eléctrica y el 71% del costo del gas, lo que supuso un gran esfuerzo en términos de recursos públicos con implicancias distributivas regresivas, ya que este subsidio generalizado termina operando como una especie de tarifa social de cobertura universal.

La política de subsidios de los últimos años, en suma, carece de justificación distributiva y, por el contrario, opera en forma regresiva, es imposible de ser financiada fiscalmente y representa una asignación de recursos defectuosa dentro del sector energético. En ese contexto, para reducir el peso de los subsidios, el gobierno nacional anunció en 2022 la segmentación de los subsidios en las tarifas de gas y electricidad para usuarios residenciales. Sin embargo, la complejidad del diseño demoró su puesta en práctica y asumió riesgos de exclusión considerables

A partir de este escenario la propuesta aquí planteada busca incentivar el uso eficiente de los recursos, a partir de precios que den señales claras; garantizar el acceso a la energía por parte de los hogares más vulnerables, a través de subsidios focalizados, y garantizar la sostenibilidad del sistema, dado que se cubren los costos operativos. Al mismo tiempo, esto colabora al ordenamiento de las cuentas fiscales necesario para el desarrollo sostenible.

Desde CIPPEC proponemos la implementación de una Tarifa Social (TS) como mecanismo de focalización de subsidios destinada a la población vulnerable, con el propósito de reducir el peso de los subsidios energéticos en el gasto fiscal. Este mecanismo se presenta como la herramienta de focalización más precisa para garantizar el acceso a los servicios energéticos a aquellos hogares que

no pueden cubrir el costo de la energía, al mismo tiempo que asegura la estabilidad del sistema reduciendo los subsidios generalizados injustificados.

Con nuestra propuesta, se incentiva el uso eficiente de los recursos, a partir de precios que den señales claras; se garantiza el acceso a la energía por parte de los hogares más vulnerables, a través de subsidios focalizados; y se garantiza la sostenibilidad del sistema, dado que se cubren los costos operativos. Al mismo tiempo, se colabora con el ordenamiento de las cuentas fiscales necesario para el desarrollo sostenible, ya que permitiría, de mínima, un ahorro fiscal del 1,4% del PIB.