Cerca de 4 millones de hogares en Argentina cuentan con una vivienda en estado deficitario. En aproximadamente dos tercios de esos hogares, esa realidad se explica porque requieren ampliaciones, mejoras o conexiones domiciliarias seguras a servicios básicos como agua corriente, cloacas y energía eléctrica, lo que se entiende por déficit cualitativo. El tercio restante de los hogares requiere una vivienda nueva, ya sea porque la comparte con otros hogares y/o es de precaria calidad constructiva, componentes que definen el déficit cuantitativo. La falta de una vivienda adecuada es un problema que, de acuerdo a datos censales de entre 1980 a 2010, se fue consolidando con el tiempo.
Si bien este fenómeno se puede encontrar a lo largo y ancho del territorio nacional, este déficit cualitativo muestra distintas magnitudes según la región. El NEA y el NOA son las regiones que presentan mayor porcentaje de hogares con déficit total –cualitativo y cuantitativo –con un 43,1% y 41,5%, respectivamente. Luego, está la región Centro, cuyo porcentaje ronda el 32,8%.
Si observamos lo que ocurre en las provincias, las que presentan un mayor déficit cualitativo son Formosa (35,9%), Chaco (35,9%), Santiago del Estero (33,2%), Misiones (33,1%) y Buenos Aires (28,2%), mientras que aquellas con mayor déficit cuantitativo son Salta (20,7%), Santiago del Estero (19,7%), Formosa (18,8%) y Jujuy (18,6%).
Un elemento que acentúa esta problemática es el crecimiento de las ciudades. Durante las últimas décadas se dieron dos tendencias simultáneas y convergentes en las ciudades grandes y medias de Argentina que afectan el acceso al hábitat y a la vivienda. Por un lado, la expansión de las manchas urbanas de forma no planificada y por encima del crecimiento poblacional. Esto lleva a que contemos con ciudades deficientes, fragmentadas y sin la infraestructura ni la conectividad necesarias para cubrir necesidades básicas. En segundo lugar, la densificación y verticalización de las centralidades y subcentralidades de las áreas metropolitanas más grandes del país: la falta de una regulación de los precios del suelo y de los inmuebles resulta en procesos especulativos y de valorización inmobiliaria que excluyen a la población de menores
recursos de los centros urbanos.
En línea con esta tendencia, se incrementan en número y en cantidad de población los barrios populares. Según el último Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en 2022 se contabilizaron 5.687 barrios populares en todo el país. Allí habitan más de cinco millones de personas, es decir, más de un 10% de la población total del país.
De acuerdo a lo que indica el Observatorio de Barrios Populares, al menos un 50% de las familias que viven en barrios populares no cuenta con acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos. Es decir, red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal. La cifra se eleva a un 90% para el caso de los barrios cuya población no cuenta con servicio de red de agua corriente, al 66% en la falta de acceso formal al servicio de energía eléctrica y a un 97% en la falta de acceso formal al servicio de red cloacal.
Durante los últimos cuarenta años se implementaron diversas políticas de vivienda a nivel nacional y, hoy en día, son más de diez los programas nacionales que buscan atender la problemática mediante la producción de nuevo suelo urbano, la construcción de vivienda nueva o el mejoramiento de las existentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el abordaje de este problema no se hizo desde un enfoque integral. Por el contrario, son políticas habitacionales desancladas de la problemática del suelo y del ordenamiento territorial. Esta articulación resulta fundamental para hacer converger las mejoras habitacionales con las de infraestructura y del
hábitat, con el propósito de mejorar la calidad de vida, con mayor eficiencia y sostenibilidad.
En este contexto, desde CIPPEC proponemos implementar una política integral de mejoramiento de viviendas que atienda la problemática de forma masiva y que contribuya con el crecimiento ordenado y sostenible de las ciudades argentinas. Dentro de esta propuesta integral, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los hogares que tienen necesidades de ampliación y/o mejoras de sus viviendas, con foco en el déficit habitacional cualitativo. Al mismo tiempo, buscamos promover la planificación territorial local, a través de la elaboración de planes de ordenamiento territorial a escala provincial y municipal, para construir ciudades menos desiguales, más inclusivas y eficientes. El alcance y el financiamiento de la política será nacional
pero su implementación será local. En términos operativos, esta política contempla una instancia de diseño y planificación, otra de ejecución y, por último, una de monitoreo y evaluación.
Esta propuesta de política pública consta de tres componentes centrales: i) plan de
ordenamiento territorial, ii) asistencia financiera, iii) asistencia técnica y social. En el transcurso de los próximos cuatro años de gobierno, la meta es alcanzar a un millón de hogares cuyas viviendas requieren mejoras y/o ampliaciones. Al mismo tiempo, se busca que al menos cuatro provincias y entre 35 y 50 municipios elaboren sus planes de ordenamiento territorial, con especial foco en aquellos que concentren mayor déficit cualitativo. La implementación efectiva de esta política supone en buena medida la coordinación adecuada entre las tres esferas de gobierno (nacional, provincial y municipal).
