La juventud es el grupo poblacional al que más afectan los problemas que experimenta el empleo en Argentina. Si observamos la tasa de desocupación y la informalidad, los peores niveles se ven registrados entre los y las jóvenes. En el tercer trimestre de 2022, la tasa de desocupación alcanzaba el 21,2%, cifra tres veces mayor al promedio poblacional. Si observamos el caso de las mujeres de entre 18 y 24 años, esta situación era aún más marcada, con un 22,5% de desocupación.

Por otra parte, si nos concentramos en el fenómeno de la informalidad, se observa que,
entre los y las jóvenes que estaban empleados/as en el mercado laboral, esta ascendía a un 68,3%, más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio (37,4%). Situación que se vio profundizada durante la pandemia, cuando las cifras de empleo entre jóvenes mostraron caídas de hasta un 34% y, luego, una recuperación más lenta que el resto de la población.

En este marco, desde CIPPEC consideramos que para enfrentarse a estos escollos que
dificultan una inserción laboral adecuada para este grupo poblacional en particular, es
fundamental que los y las jóvenes cuenten con experiencias formativas en el mercado
laboral. Esto, antes, implica que los distintos sectores involucrados –empresarial, sindicatos y partidos políticos– acuerden mecanismos que posibiliten la formación de los y las jóvenes que promueva su contratación. Al mismo tiempo, lograr una mejora en este aspecto requiere indefectiblemente de un sistema educativo que dote a los y las jóvenes de las capacidades y conocimientos que faciliten su transición al mundo del trabajo.

El diálogo multiactoral, que CIPPEC viene impulsando, se presenta como una instancia ineludible para dar con los ejes de consenso fundamentales que una política de empleo joven debería contemplar. Estas instancias permitieron dar con ciertos puntos de consenso de cara al diseño de una política de empleo enfocada en la juventud. Estos se subdividen en siete ejes: i) formación profesional; ii) contrato de aprendizaje; iii) educación; iv) incentivos a la contratación; v) trabajo independiente; vi) intermediación laboral; vii) diálogo tripartito.

En primer lugar, la formación profesional es un elemento central de las políticas activas del mercado de trabajo. Poner el foco en su robustecimiento implica una mejor preparación de las personas de cara a las demandas del mercado laboral, además de un salto en la productividad y capacidad de las empresas a través de la mejora en procesos, tecnología, salarios y condiciones de trabajo. Para eso, entre otros elementos, es necesario establecer sectores productivos prioritarios a nivel nacional y por regiones, impulsar la certificación de instituciones de formación, organizar la oferta de cursos en base a prioridades y demandas claras y estandarizar los planes de estudios de formación profesional.

En lo que refiere al contrato de aprendizaje, se debe modificar la ley actual para favorecer su uso. Para esto, su aplicación por actividad se debe reglamentar mediante convenios colectivos de trabajo (CCT), además de establecer claridad en el contrato de modo generar previsibilidad en el alcance y reducir la litigiosidad injustificada y, por último, implementar mecanismos de autogestión, uso previsible y monitoreo confiable.

En tercer lugar, en vínculo con el punto de consenso sobre educación, se requiere incorporar habilidades técnicas y habilidades sociales en los planes de estudio. Sumado a eso, analizar y ajustar la legislación sobre prácticas profesionalizantes, todo ello en el marco de un diálogo fluido entre los sectores educativos y productivos.

Por su parte, los incentivos a la contratación son, evidentemente, un elemento crucial para que esta política propuesta pueda cristalizarse. Para ello, se deben diseñar incentivos fiscales para la contratación de jóvenes, que favorezcan el encadenamiento con el contrato de aprendizaje y programas sociales. En paralelo, resulta clave contar con un mecanismo de autogestión para facilitar la contratación, así como también priorizar la creación de empleo en MiPymes y que la focalización esté puesta en las poblaciones más vulnerables, de modo de garantizar la equidad.

A su vez, la política a implementar no puede dejar de poner el foco en la realidad que configura el trabajo independiente, sobre todo, entre los y las jóvenes. Esto exige una capacitación integral que aborde habilidades empresariales, gestión financiera, marketing digital y tecnología. Además, la estrategia en este elemento debe incluir, entre otros aspectos, financiamiento accesible, como fondos de capital semilla con tasas de interés preferenciales y plazos flexibles, específicamente para jóvenes.

En sexto lugar, con el propósito de promover oportunidades laborales para los y las
jóvenes, resulta imperativo potenciar y estandarizar el funcionamiento de las oficinas de empleo. Son espacios que tienen un rol fundamental –y deben tenerlo aún más– en la intermediación laboral y en la identificación de demandas tanto de la población joven como de los sectores productivos locales. Otro elemento clave para la mejora de la intermediación laboral radica en la reorganización de los programas de promoción existentes: hoy, este mapa de programas da cuenta de una diversidad de iniciativas orientadas a la inserción laboral, pero con superposiciones y una falta de coordinación evidente entre Nación, las provincias y los municipios.

Por último, las políticas de promoción del empleo muestran mejores resultados cuando hay una coordinación local entre el Estado y los sectores productivos en la definición de los perfiles de formación necesaria para satisfacer la demanda laboral local. La institucionalización del diálogo tripartito es esencial si se quiere fomentar un enfoque inclusivo y equitativo en la toma de decisiones relacionadas con el mercado laboral.