Todos los días miles de personas alrededor del mundo arriban a los grandes centros urbanos en busca de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. En este contexto, el rol de las ciudades como motores del cambio social y económico es evidente. Tan es así que las áreas urbanas de todo el mundo producen cerca del 80% de la riqueza global y concentran el 54% de la población mundial en solamente el 2% de la superficie terrestre. Sin embargo, son también responsables del 70% de los gases de efecto invernadero y reproducen las dinámicas de segregación e inequidad social creciente de estos tiempos.

Es por esto que en las últimas décadas ha surgido una imperiosa necesidad por planificar la expansión de nuestras áreas urbanas. De otra manera, una urbanización acelerada y desorganizada puede conllevar a una reversión de los beneficios del desarrollo, a través de una inversión pública ineficiente, un aumento en los costos para el sector privado, la profundización de patrones existentes de desigualdad y pobreza, el agravamiento del impacto del cambio climático, entre otras cuestiones.

En la Argentina las ciudades se están expandiendo a mayor velocidad que su crecimiento demográfico y concentran al 92% de la población del país. Más específicamente, entre 2006 y 2016 los grandes aglomerados urbanos del país expandieron su superficie en 85.732 hectáreas, lo que representa un aumento de casi el 16% en el suelo urbano, el equivalente a casi 5 veces la ciudad de Buenos Aires.  En los últimos diez años, el crecimiento de las ciudades argentinas se explicó en un 24% por aumento de urbanizaciones cerradas (country-clubs o similares), un 11% por programas de vivienda social, y casi un 9% por el crecimiento urbano informal (villas y asentamientos). Este patrón de expansión es insostenible en el largo plazo, e impacta directamente sobre desarrollo económico y social futuro.

Por una parte, la inversión del Estado necesaria para establecer servicios como provisión de agua y luz, o asfaltar caminos por fuera de la mancha urbana consolidada, es muy costosa, acentúa la desigualdad territorial y es insostenible en términos ambientales. Desigualdad territorial ya que se generan espacios de segregación social y las personas que habitan esos espacios tienen que trasladarse largas distancias para llegar al trabajo, a un establecimiento educativo o de salud. En cuanto a lo ambiental, es insostenible por dos motivos: por las emisiones que genera la actividad de la construcción en sí misma, una de las más contaminantes del planeta, y porque muy frecuentemente la expansión urbana avanza sobre territorios rurales que tienen funciones netamente ambientales -como la recarga de acuíferos o la retención de exceso hídricos- pero también socioambientales, al ser suelo fértil para la producción de alimentos.

Por otra parte, con mayor preponderancia sobre el crecimiento urbano informal, el déficit habitacional es un problema estructural que persiste en la Argentina: casi el 23% de los hogares argentinos necesita mejorar sus viviendas o acceder a una vivienda nueva. Según cifras del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), existen alrededor de 4500 asentamientos informales en el país.  Esto equivale a alrededor de 4 millones de personas, y sobre todo, familias que no ven garantizado su derecho a una vivienda digna. El incumplimiento de este derecho se convierte a su vez en un techo para acceder a otros derechos y servicios básicos, y que a la larga profundiza los esquemas existentes de pobreza y desigualdad. En síntesis, en Argentina existe un problema de stock de vivienda informal sin acceso a servicios, pero, al mismo tiempo, otro de flujo creciente de expansión urbana bajo esa tipología.

Si bien hubo esfuerzos por parte del Estado por solucionar este déficit, las acciones han sido insuficientes frente a un stock muy alto y en constante crecimiento. Reurbanizar dichos espacios cuesta entre 6 y 9 veces el costo de desarrollar un barrio desde cero. Por eso es importante adelantarse a estos desafíos a través de la planificación de la expansión urbana.

¿Cómo garantizar el acceso a la ciudad?

El acceso a la ciudad implica garantizar no sólo el derecho a una vivienda digna, sino también al suelo urbano, a redes de transporte, de servicios y de infraestructura básica, y a un ambiente sano y sostenible, es decir al hábitat en su conjunto. Hoy, la Argentina enfrenta un déficit tanto en lo cuantitativo como lo cualitativo y sus ciudades se expanden de manera desorganizada. Este patrón, no solo no satisface el acceso a la vivienda y a servicios básicos, sino que los exacerba. Como consecuencia de este proceso, la desigualdad y la segregación aumenta, así como también la vulnerabilidad social frente amenazas ambientales.

Más allá de que en los últimos años disminuyó el porcentaje de inversión pública destinada al hábitat, desde el aspecto netamente jurídico, la Argentina carece de un instrumento clave para que las ciudades planifiquen su expansión: una ley de ordenamiento territorial a nivel nacional que sirva de marco para el encuadre de los procesos territoriales. De hecho, solo cuatro de las 23 provincias cuentan con alguna normativa de este tipo.

Por otro lado, la falta de coordinación entre la Nación y los gobiernos subnacionales ha sido una constante y ello ha dificultado la puesta en marcha de soluciones conjuntas, coordinadas e integrales. A pesar de las iniciativas aisladas impulsadas desde el Ejecutivo nacional, son las administraciones provinciales y municipales las que tienen la mayor injerencia y potestad sobre el hábitat de sus distritos. La necesidad de políticas multinivel, es decir metropolitanas, que aborden las problemáticas urbanas es evidente.

La debilidad actual del mercado para acompañar el desarrollo urbano demanda un nuevo enfoque que permita generar ciudades con mejor planificación y mayor eficiencia en el uso y asignación de recursos. En este sentido, generar fuentes de financiamiento que impulsen la movilización de recursos, incentivando la participación del ahorro local y promoviendo condiciones apropiadas para el involucramiento de inversores externos es una tarea fundamental que se puede llevar adelante desde el gobierno nacional. Encontrar nuevas alternativas y lógicas cruzadas de financiamiento del suelo, infraestructura y vivienda urbana asequible, atractivas para la inversión privada, resulta fundamental para afrontar el déficit habitacional tanto cuantitativo como cualitativo.

Actualmente, la Argentina cuenta con una enorme oportunidad para financiar soluciones a través de la cooperación con el sector privado. El blanqueo de capitales llevado a cabo por el gobierno nacional, revelo la existencia de una enorme cantidad de fondos que se encuentran disponibles en el exterior. En este contexto, el desarrollo de instrumentos financieros atractivos para el sector privado, que permitan captar dichos bienes y redirigirlos hacia activos urbanos, supone una posibilidad única de avanzar sobre alternativas de financiamiento del suelo, infraestructura y vivienda urbana asequible, que, a la vez, superen el problema de la restricción presupuestaria.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional se puede servir de instrumentos de gestión ya existentes como son las corporaciones de promoción metropolitana, que han tenido éxito en diferentes ciudades del mundo implementando políticas de acceso a una vivienda digna, transporte, salud y otros temas que incumben a los aglomerados urbanos en su totalidad.

Todas estas acciones tienen como finalidad generar suelo urbano de calidad y opciones habitacionales accesibles para distintos sectores. Planificar la expansión urbana antes de que suceda de manera espontánea es un paso fundamental en ese camino. Es decir, se debe volver a hacer ciudad. Para ello, además de garantizar su financiamiento, se debe partir de la construcción de redes y consensos entre actores clave. La experiencia indica que el Estado argentino encaró procesos de planificación territorial inteligentes en medio de olas migratorias masivas, entre fines del siglo XIX y principios del XX, por lo que creemos que es posible que, en otro contexto, ello pueda volver a suceder. Esto es fundamental si en los próximos años queremos construir un hábitat más seguro e integrador para todos.