En Argentina, la pobreza tiene cara de niño/a: más del 40% de los niños entre 0 y 5 años viven en pobreza, frente a menos de 32% de la población general. En situaciones macroeconómicas de estancamiento e inflación, esta infantilización de la pobreza se incrementa si no se toman medidas específicas para proteger a la niñez. Los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas y socioemocionales que inciden en toda la trayectoria de las personas, incluidas su inserción educativa y laboral. No invertir en los niños significa vulnerar sus derechos fundamentales, pero también obstaculizar una estrategia de desarrollo.

La infantilización de la pobreza se debe a las dificultades que tienen las familias para conciliar las tareas de crianza y cuidado con la participación laboral y productiva. El acceso a las licencias por maternidad y paternidad, a una nutrición y atención a la salud adecuadas, y la posibilidad de acceder a espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) dependen de los recursos de sus familias, lo que genera una inequidad desde el inicio de la vida.

La mayoría de los países latinoamericanos emprendieron en las últimas dos décadas un compromiso público para garantizar el acceso a espacios CEC, como jardines infantiles y espacios de primera infancia. Argentina se está quedando atrás: según el último dato disponible, solamente 32% de los niños asiste a algún tipo de espacio CEC y la cifra varía según su edad, nivel socioeconómico y su lugar de residencia. Solo 20% del quintil más pobre asiste, frente a 51% del quintil más rico y  mientras que el 62% de los niños de CABA asiste solo el 16% de los niños del nordeste lo hace.

La oferta de los espacios está fragmentada. Participan diversos actores (Estado, sector privado y sociedad civil), sectores de política (desarrollo social, salud y educación), y niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). Existe poca integración en los formatos institucionales y, en algunos casos, una superposición de ofertas con distintas modalidades de funcionamiento: los jardines maternales funcionan con lógica diferente de los espacios de primera infancia, por ejemplo, en relación a la cantidad y perfil de los adultos que están cargo de los niños y sus condiciones de contratación, la extensión y flexibilidad horaria, la propuesta de trabajo y los recursos, entre otros aspectos. La regulación de los servicios, además, no es única: algunos están normados por disposiciones de los Ministerios de Educación provinciales, y otros se rigen por normas comerciales.

Esta heterogeneidad se ve reflejada en la calidad de la oferta. Argentina tiene la base curricular más acotada, limitada y desactualizada de la región: esta solo existe para la oferta de sala de 5, dependiente del sector educativo y data de 2004. Los Estándares de Inclusión, acordados en 2015 para los espacios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, no son monitoreados ni utilizados.

En la Argentina, además, no hay pautas para los profesionales que interactúan con los niños. Los niveles de cualificación son, en muchos casos, insuficientes y/o inadecuados. Las condiciones laborales son, en general, precarias, y las oportunidades de formación, escasas.

A pesar de algunos avances en ampliar la cobertura de los espacios CEC y de la obtención de financiamiento multilateral, las deudas para con la atención de la primera infancia perduran. Las condiciones macroeconómicas adversas y la desinversión en políticas orientadas a la niñez hacen imperativo lograr compromisos para reducir los efectos de la crisis sobre los niños.

Ampliar y fortalecer los espacios CEC es un fin en sí mismo, pero también un medio para traccionar otras agendas. Los espacios CEC de calidad pueden contribuir a una mayor participación laboral de las mujeres y al desarrollo equitativo de funciones cognitivas y motrices clave para las trayectorias educativas. Los espacios CEC son el vértice de una agenda para el desarrollo inclusivo y es crucial actuar antes de que sea demasiado tarde.

Una política integral de primera infancia

A medida que Argentina se aproxima al fin del bono demográfico, no comprometerse con la primera infancia es hipotecar el futuro.

Una política integral de primera infancia que priorice los derechos de los niños debe garantizar que las familias dispongan del tiempo y el dinero necesario para cuidar. Esto implica concebir un régimen de licencias universal con enfoque de género, robustecer el régimen de asignaciones familiares y, fortalecer los espacios CEC.

Hoy, la oferta de espacios de crianza, enseñanza y cuidado es fragmentada y heterogénea. Crear un marco común que defina lo que se espera que suceda en los espacios el potencial de garantizar la equidad en el acceso y la calidad.  Esto incluye definir las condiciones de infraestructura, higiene y nutrición que deben cumplirse en los espacios CEC, como también los procesos de formación y acreditación de los profesionales a cargo de los niños y sus condiciones de trabajo. Se deben asegurar una formación integral que considere las funciones CEC, que recupere la experiencia acumulada por las instituciones existentes y promueva la participación de la comunidad y las familias. Una estrategia de mejora de las condiciones laborales, a través de la promoción de remuneraciones salariales equitativas y la reglamentación de sus condiciones contractuales es urgente.

Establecer metas graduales para ampliar la cobertura de los espacios CEC siguiendo criterios de equidad es una condición necesaria para lograrlo, y requiere integrar los sistemas de información existentes sobre la oferta y la demanda potencial para definir con qué criterios priorizar la expansión. La inversión necesaria para cubrir al 67% de los niños y niñas alcanza los 431 mil millones de pesos, pero el retorno es muy superior. Esta ampliación generaría 1.285.000 puestos de trabajo (la mayoría ocupados por mujeres), y un aumento del PBI del 5,6%. El Estado recuperaría hasta el 56% de la inversión a través de impuestos.

En particular, es urgente avanzar en el diseño y puesta en marcha de un sistema integrado de identificación, supervisión y acompañamiento que permita regularizar los espacios CEC no incorporados oficialmente, que no cuentan con aval público para funcionar como tales y suelen enfocarse se enfocan en el tramo no obligatorio, de los 45 días a los 3 años.

El punto final para una política integral para la primera infancia tiene que ver con su financiamiento. La Ley 26.061 de Protección Integral establece el principio de no disminución e intangibilidad de la inversión en infancia y adolescencia. Es necesario que las gestiones de gobierno avancen en una planificación intertemporal de metas de financiamiento de políticas orientadas a estos grupos etarios, con foco en modalidades innovadoras e intersectoriales de fondeo. Esta planificación puede blindar la inversión ante las vicisitudes macroeconómicas y resguardar los derechos de la niñez.