¿Cuánto de lo que prometen los candidatos durante la campaña electoral se traduce efectivamente en políticas y acciones de gobierno? Hoy, en la Argentina, no se puede dar respuesta a esta pregunta.

Tras 35 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina, los gobiernos todavía tienen poca capacidad de traducir sus promesas electorales en un plan de gobierno con metas concretas cuyo cumplimiento se pueda medir.  Por lo general, los candidatos usan eslóganes durante la campaña y no se ven obligados a dar explicaciones por las promesas realizadas una vez que son electos. Para que las promesas orienten una gestión de gobierno y no sean simples discursos, es necesario traducirlas en planes concretos y contar con sistemas que brinden información continua sobre su grado de cumplimiento.

A nivel internacional la formulación de planes de gobierno y el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación es cada vez más generalizado. En América Latina, países como Brasil, México y Colombia cuentan con procesos virtuosos de planificación, monitoreo y evaluación de los planes nacionales, que facilitan la coordinación gubernamental, la mejora en los diseños de políticas y la publicación regular de información sobre los impactos y resultados de la acción de gobierno.

Sin embargo en la Argentina estas funciones todavía no están completamente desarrolladas y los sistemas de planificación y de monitoreo y evaluación son débiles. Entre 2007 y 2013, Argentina y Honduras fueron los únicos países que presentaron un retroceso en relación al monitoreo y evaluación de sus políticas. Incluso más, hasta 2013, la Argentina estaba por debajo del promedio de la región y por detrás de otros países con niveles similares de desarrollo socio-económico.

A nivel nacional y desde 1983, Argentina solo cuenta con experiencias aisladas de uso de metas de gobierno y conviven distintos planes de desarrollo que no dialogan entre sí. En 2000, la adhesión a la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas “Objetivos de Desarrollo del Milenio” significó la adopción de 29 metas a 2015, pero no se tradujo en un plan de gobierno. En 2014, la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció 204 objetivos y 272 metas estratégicas para la administración pública nacional que no se vinculaban con la agenda global. En 2015, Argentina adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos y 169 metas. En 2016, con el cambio de gobierno, se volvió a definir un conjunto de 8 objetivos y 100 prioridades estratégicas que, si bien están vinculadas a programas y políticas concretas, su articulación con la Agenda 2030 y el presupuesto nacional es débil. Además, no hay metas e indicadores para realizar su seguimiento y se desarrollaron sin un marco regulatorio e institucional adecuado.

En 2018 se estableció al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales como el órgano encargado de diseñar e implementar el Plan Anual de monitoreo y evaluación de la política social el cual obliga a un conjunto de programas sociales nacionales a ser monitoreados y evaluados. Sin embargo, el alcance y presupuesto del Plan todavía son limitados. Agregado a esto, en la mayoría de los casos no existen áreas con funciones de monitoreo y evaluación claramente identificables dentro de los ministerios sectoriales y la situación nacional y provincial en este sentido es aún muy heterogénea. Incluso cuando se genera evidencia relevante sobre el funcionamiento y el impacto de algunos programas, no es claro que los funcionarios de más alto rango hagan uso de estos aprendizajes para mejorar las intervenciones.

Qué, cuánto y cómo: lineamientos para una gestión pública transparente

La Argentina necesita contar con un plan de gobierno con metas de desarrollo que responda a cuatro cuestiones centrales para lograr una Estado más inteligente y transparente: qué quiere lograr, cómo lo va a hacer y cuánto y en qué medida se va a avanzar y en qué plazos.

Un plan de gobierno se basa en la capacidad de identificar prioridades, definir objetivos y metas, monitorear su cumplimiento y coordinar y gestionar problemas de implementación de manera transversal de forma de garantizar que se alcancen los objetivos propuestos.

Sin un sistema que articule una visión coherente de objetivos, metas y resultados en el mediano plazo, es muy difícil seguir el rumbo de un gobierno. Los beneficios de contar con un sistema de metas son múltiples. En primer lugar, fortalece la capacidad política y de coordinación de los distintos programas y políticas en función de un conjunto de objetivos claros y concretos. En segundo lugar, definir objetivos y metas es fundamental para medir los resultados del gobierno porque ofrecen un punto de comparación respecto  al desempeño y los resultados obtenidos por la gestión. Esta comparación permite generar información valiosa sobre el funcionamiento y los resultados de las políticas públicas, a fin de  retroalimentar la planificación y repensar las políticas públicas durante la implementación. Finalmente, y no menos importante, este sistema de metas ayuda a transparentar la gestión y facilita la rendición de cuentas tanto hacia otros poderes del Estado como hacia la ciudadanía en general.

El plan de gobierno tiene que articular líneas estratégicas de acción y contar con metas y trayectorias de progreso esperadas. En otras palabras, debe identificar qué acciones se llevarán a cabo para cumplir con sus prioridades, y debe anticipar cómo se espera que avancen en el tiempo y cuál es el resultado final esperado.

Para que estas metas funcionen como instrumento de direccionalidad estratégica de la acción de gobierno, coordinación de la gestión y rendición de cuentas, tienen que ser acotadas en cantidad y medibles. Para esto es crucial establecer un sistema de indicadores que dé seguimiento a la evolución de esas metas a lo largo del mandato presidencial. Además, a partir del plan de gobierno se pueden identificar y evaluar políticas y programas prioritarios que aporten evidencia sobre la contribución de esas acciones de gobierno a la concreción de los objetivos de desarrollo.

A su vez, desarrollar efectivamente un plan de gobierno requiere consensos y un marco institucional acorde. Esto implica al menos tres cuestiones: i) una norma legal que respalde la elaboración del plan de gobierno, ii) crear un área especializada dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros encargada de la planificación y seguimiento del plan de gobierno, y iii) articular con un órgano rector del sistema de monitoreo y evaluación.

De esta manera, planificar la gestión de gobierno y medir sus avances permitirá contar con una gestión pública más inteligente, en términos de brindar direccionalidad estratégica a la acción de gobierno y contar con información a tiempo para repensar las acciones realizadas cuando no generan los resultados esperados o deseados, y más transparente, en términos de la existencia de una estructura a partir de la cual rendir cuentas.

Para conocer cuánto de lo que prometen los candidatos durante la campaña electoral se traduce efectivamente en políticas y acciones de gobierno es crucial que los candidatos se comprometan a presentar propuestas de gobierno concretas, ordenadas en ejes prioritarios de trabajo que serán la base de su plan de gobierno en caso de salir electos. Ese compromiso debe incluir la elaboración y publicación del plan de gobierno dentro de los primeros 90 días de iniciado el mandato, y la disponibilidad de toda la información relativa a este plan –incluidos sus resultados esperados- en una página web de acceso público.

Planificar, medir y comunicar los resultados del plan de gobierno que se adopte en 2020 podría ser una innovación sin precedentes para Argentina.