Desde el retorno a la democracia, el caso argentino evidencia la alternancia de iniciativas de reforma, que han buscado instalar, con diverso énfasis, modelos de Alta Dirección Pública. A diferencia de otras experiencias más recientes en la región, como Chile y Perú, en nuestro país los diferentes impulsos reformadores han quedado debilitados, inconclusos o detenidos en el tiempo más allá de contar con diseños innovadores y precursores para la época, tal es el caso del Sistema Nacional de Profesionalización Administrativa (SINAPA) o del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG).

Asimismo, las cifras correspondientes a los últimos catorce años muestran que la dirección pública en Argentina se configura, de hecho, como un modelo de gestión por competencias políticas. Desde inicios del año 2002 hasta la actualidad, la función directiva ha sido cubierta centralmente a través de una modalidad de corte discrecional, netamente política: designaciones transitorias de las posiciones con funciones superiores.

Este formato de designación directiva que contempla la excepción de los requisitos profesionales para la designación en el cargo, se ha instrumentado desde comienzos del año 2002 consolidándose progresivamente en el tiempo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández e incluso extendiéndose como modalidad habitual hasta la actualidad, con la administración gubernamental de Mauricio Macri. Si bien inicialmente esta modalidad de designación resultó ser un instrumento legal que permitió, en una etapa de crisis y un contexto de emergencia económica y administrativa, mayor flexibilidad y control sobre estos directivos, su utilización intensiva derivó en la instalación de un modelo de gestión en el cual las necesidades directivas se determinan exclusivamente en función de las prioridades de gestión de la autoridad política de turno, en muchos casos influenciadas principalmente por la coyuntura y objetivos de corto plazo.

En este marco, el Programa de Gestión Pública se propone relevar y sistematizar evidencia que permita elaborar un diagnóstico exhaustivo de la situación de la ADP en Argentina, formular recomendaciones para fortalecer el desarrollo de capital gerencial público profesional e idóneo desde una perspectiva integral y conformar una comunidad multiactoral de buenas prácticas que promueva la institucionalización de un Sistema de Alta Dirección Pública sostenible.