La Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función de monitoreo y evaluación de las acciones del Estado. Tampoco cuenta con una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a dicha función. Las leyes que existen se enfocan en el control del gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados de desarrollo que se logran. Tampoco existe un organismo de evaluación que se responsabilice por el despliegue de la política o el sistema nacional de evaluación. Las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios y agencias de gobierno. Por eso, también es heterogénea la calidad de las intervenciones.

En los últimos años se elaboraron y presentaron cuatro proyectos de ley que buscan crear un Organismo Evaluador de la Nación2. Ninguno de ellos llegó a ser tratado por el Congreso para convertirse en realidad. Los proyectos de ley coinciden en la importancia de las evaluaciones y en los ejemplos de organismos de evaluación regionales utilizados para inspirar la iniciativa (CONEVAL de México, Sinergia de Colombia, AEVAL de España). Además, provienen de legisladores que representan distintos sectores del espectro político y fueron presentados tanto siendo oficialismo como oposición. No obstante, nunca lograron consenso político suficiente para avanzar en su tratamiento legislativo.

El gobierno que asumió en diciembre de 2015 realizó esfuerzos por aumentar promover la institucionalización de la función de evaluación en distintos aspectos del trabajo de los ministerios, aumentando su presencia en los organigramas de las distintas áreas. Sin embargo la Jefatura de Gabinete de Ministros, líder natural del proceso global, no aparece hasta el momento con la fuerza de la entidad rectora que debería tener en materia de evaluación y sus cambios de enfoque (incluso dentro de las mismas gestiones) no colaboran en dar direccionalidad constante a la función de evaluación.

El objetivo general del proyecto “Evaluaciones planificadas. Políticas evaluadas” es nutrir un debate amplio y participativo acerca de la relevancia y necesidad de que el sistema nacional de evaluación establezca estándares mínimos para todas las áreas de la administración pública sobre la calidad de las evaluaciones y los principios rectores que deben guiar los procesos de evaluación así como que identifique espacios para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación.