El sistema previsional argentino tiene una larga tradición con más de cien años de historia durante los cuales, a través de distintos mecanismos, el Estado asumió la responsabilidad de asegurar ingresos para las personas mayores.

Argentina es uno de los países con mayor cobertura en la región y el mundo, dado que alrededor del 95% de las personas mayores recibe un ingreso previsional. Los beneficios por jubilación o pensión, en sus múltiples modalidades, alcanzan a un promedio algo superior al salario mínimo, aunque con una importante heterogeneidad no siempre justificable. Como resultado, la sociedad dedica cerca del 11% de su PBI a financiar estos beneficios, un nivel que ha generado preocupación, en particular considerando las tendencias demográficas.

Los debates alrededor de posibles reformas previsionales en Argentina han tendido a ser parciales y focalizados en objetivos de corto plazo, lo que resultó en una alta volatilidad normativa, superposición de normas y alta litigiosidad como resultado de su aplicación. Desde la sanción de la Ley 24.241 en 1993 (que aún rige el sistema nacional) se aprobaron 52 leyes modificatorias y más de 1150 normas regulatorias.

El sistema está fragmentado, con regímenes especiales, diferenciales, provinciales o profesionales, además de la aplicación de reglas temporales (como las moratorias, que explican el acceso a la jubilación de más de un 70% de los jubilados actuales y han estado vigentes en los últimos 15 años). Esta complejidad institucional resulta en serias ineficiencias, inequidades en el tratamiento de personas y costos fiscales y económicos superiores a los necesarios.

En ese contexto, el objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de un debate informado, con la expectativa de facilitar la adopción de reglas que sean sostenibles en el tiempo y que organicen un sistema con amplia cobertura, beneficios adecuados y equitativos, y razonabilidad fiscal. Con este fin, el proyecto propone, mediante un mecanismo consultivo con actores relevantes, identificar los “temas críticos” centrales que la sociedad argentina debe debatir y consensuar. Estos incluyen aspectos de diseño, de implementación y de interrelación con otras áreas de política pública que deben ser consideradas.

El equipo preparará notas de política pública específicas para cada uno de estos temas y las someterá a discusión de un comité asesor previo a la difusión pública de las mismas, para finalmente preparar un documento de trabajo que resuma las actividades desarrolladas. De esta forma, se espera contribuir al debate desde una posición técnicamente rigurosa.