En una sociedad que aspira al desarrollo económico y a una distribución más justa de oportunidades, el desarrollo de las capacidades de las juventudes es crucial. La Ley de Educación Nacional (LEN) sancionada en 2006 marcó un hito en este sentido: extendió el tramo de escolarización obligatorio hacia todo el nivel secundario y señaló la importancia de garantizar una educación que habilite a las personas a continuar estudios superiores, trabajar y a participar activamente de la sociedad.
No obstante, a dieciséis años de sancionada la LEN se observa que el trecho que queda por recorrer es aún extenso. En 2019 prácticamente todos los niños ingresaban al nivel secundario, pero solo siete de cada diez jóvenes lograban completar el tramo de escolarización obligatorio. Las brechas de graduación entre estratos sociales rondaban los 50 puntos porcentuales: el 90% de los jóvenes de entre 20 y 22 años de más ingresos finalizaba el nivel y entre sus pares de menores ingresos esta proporción era del 41%.
La deuda educativa se extendía hacia habilidades fundamentales como la destreza para utilizar el lenguaje oral y escrito y el pensamiento lógico. Una aproximación a la estimación del desarrollo de estas habilidades se realizó a través del operativo Aprender que en 2019 constató que 7 de cada 10 y 4 de cada 10 adolescentes escolarizados en el nivel secundario no alcanzaban un nivel satisfactorio en matemática y lengua respectivamente. Sumado a lo anterior hay registro que durante los dos últimos años las restricciones a la presencialidad ampliaron las brechas educativas.
El mayor aporte que el sistema educativo puede hacer al desarrollo socioeconómico del país es dotar a las juventudes de las capacidades y saberes que faciliten su transición al mundo del trabajo y al despliegue de un proyecto de vida provechoso para sí mismos y para el conjunto de la sociedad.
Frente a este desafío se propone un conjunto de medidas concretas para impulsar el desarrollo de las capacidades de las juventudes, basadas en el acercamiento de la escuela secundaria al mundo del trabajo. Su propósito es que todos/as los/as jóvenes accedan a una experiencia escolar rica en aprendizajes significativos y completen el tramo de escolarización obligatorio.
Se diferencia a las juventudes en tres grandes grupos. El primer grupo está conformado por la población joven escolarizada en el nivel secundario. Las medidas de política orientadas a este grupo buscan enriquecer la experiencia escolar. Se propone extender la jornada escolar para destinar más tiempo al desarrollo de habilidades fundamentales como la lectoescritura y el pensamiento lógico matemático, la destreza para interactuar en entornos digitales y a saberes vinculados con el mundo del trabajo para que, en el futuro inmediato, las juventudes cuenten con la información y los recursos necesarios para tomar decisiones que impactaran con fuerza en el curso de sus vidas. En los casos en que sea posible se promueve la utilización de las tecnologías digitales para alcanzar estas metas.
El segundo grupo está conformado por jóvenes escolarizados en el nivel secundario que por diversos motivos se encuentran en riesgo de exclusión escolar. Se promueve la revisión del régimen académico y la consolidación de dispositivos para el acompañamiento de trayectorias escolares apoyados en Sistemas de Alerta Temprana (más información).
Por último, se hace foco en las juventudes que abandonaron el nivel secundario antes de finalizarlo. Hacia ellos se orienta el programa integrado de protección social. El propósito de este programa es generar dispositivos de intervención personalizada que contribuyan a la restitución de la trayectoria escolar, la formación en habilidades laborales y la vinculación con el mundo del trabajo.