Existe un alto grado de consenso sobre la necesidad de reformar el sistema fiscal y tributario actual, aunque no parece ocurrir lo mismo en relación a cómo hacerlo. Creemos que se debe avanzar fuertemente en torno a los dos ejes.
Leyes de coparticipación federal y reforma tributaria
Coparticipación Federal
La organización federal de nuestro país requiere una nueva institucionalidad fiscal, en un marco de equidad regional y garantizando la solvencia fiscal de largo plazo. Entre las distorsiones más importantes del régimen vigente se destaca la centralización de recursos en el nivel nacional, en simultáneo con una mayor descentralización en materia de gastos, lo cual dificulta el financiamiento de servicios sociales básicos por parte de las provinciales. Asimismo, el régimen no resuelve el severo desequilibrio existente entre provincias que presentan marcadas diferencias en sus realidades socioeconómicas. El esquema fiscal federal no cumple con sus objetivos, es poco transparente y de difícil administración y control.
Proponemos un nuevo esquema de coordinación financiera que contemple el rediseño de funciones y potestades tributarias en un marco de mayor correspondencia fiscal. Asimismo, el nuevo sistema de transferencias intergubernamentales debe basarse en indicadores explícitos, con reglas claras para la utilización del crédito público en los tres niveles de gobierno. Todo esto debería complementarse con el diseño de mecanismos anti-cíclicos, la implementación de un régimen amplio y obligatorio de transparencia fiscal y la puesta en funcionamiento del Organismo Fiscal Federal contemplado en la Constitución.
Reforma tributaria
La estructura tributaria nacional presenta un predominio de los impuestos indirectos, en línea con lo que se observa en Latinoamérica y a diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado. En 2016 el IVA resultó el impuesto de mayor importancia, aportando el 27% de la recaudación nacional. Por su parte, los sistemas tributarios provinciales en conjunto generan recursos que sólo alcanzan para financiar el 30% del gasto público provincial y se basan en el impuesto a los Ingresos Brutos, altamente distorsivo, que adopta el 76% de la recaudación total.
Nuestro esquema impositivo se caracteriza por su concentración en los impuestos al consumo y un menor peso relativo de los impuestos sobre factores de la producción, más concentrados sobre las rentas del trabajo que en los ingresos de capital, dotando de mayor regresividad al sistema. Estas deficiencias estructurales han dado forma a una estructura procíclica y centralizada en un esquema federal carente de correspondencia fiscal.
Proponemos una reforma tributaria integral que rebalancee el esquema vigente fortaleciendo el impuesto a las ganancias, ampliando su base tributaria y revisando exenciones, evaluando la totalidad de los regímenes promocionales regionales y sectoriales. Debería también fortalecer los impuestos patrimoniales, en especial en las provincias, trabajando con el impuesto inmobiliario urbano y rural, y analizar la viabilidad de descentralizar determinados recursos hacia las jurisdicciones locales.
Finalmente, resulta impostergable modificar el impuesto a los Ingresos Brutos. Existen distintas alternativas – reemplazo por un IVA ya sea separado en el ámbito provincial o con alícuota suplementaria del tributo nacional- todas ellas de difícil implementación por lo que requieren un alto grado de consenso y coordinación. El alto grado de informalidad de la economía demanda el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de AFIP y en especial de los entes recaudadores provinciales.
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