La profundización de la crisis producto de la pandemia COVID-19 empeoró las condiciones laborales y sociales de toda la población, y amenaza con ampliar aún más las desigualdades. Por esto, CIPPEC viene proponiendo una discusión sobre herramientas para asegurar pisos de protección social que permitan hacer frente a la emergencia social. En este sentido, el ingreso básico enfocado en aquellas personas en mayor vulnerabilidad es una de las principales políticas que podría mitigar los efectos de la caída de ingresos laborales y el aumento del desempleo.

Con el objetivo de discutir las estrategias para asegurar el piso de protección social en la Argentina, CIPPEC, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organizó un diálogo el 7 de septiembre moderado por Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social, que contó con la participación de Daniel Arroyo, Ministro Nacional de Desarrollo Social de Argentina; Nora Lustig, Directora del Instituto Commitment for Equity; y Fernando Filgueira, investigador principal del Programa de Protección Social de CIPPEC.

“Los gobiernos cuentan con numerosas alternativas para la implementación de un ingreso básico. Su diseño implica tomar decisiones en varias dimensiones, incluyendo el alcance, la exigencia o no de corresponsabilidades, la duración y periodicidad, el monto y la modalidad de transferencia. La discusión sobre las distintas caras de este tipo de política resulta central para calibrar su formulación teniendo en cuenta al margen político y fiscal de los países”, dijo Díaz Langou al explicar el objetivo del encuentro. 

Durante su presentación, Daniel Arroyo dijo que el deterioro social producto de la pandemia es “importante” y que pese a los esfuerzos “del Estado y de la sociedad civil”, “la pobreza está aumentando”. El ministro destacó las políticas desplegadas por el gobierno nacional; como el IFE, que lo reciben 9 millones de personas; la asistencia alimentaria, que la reciben 11 millones; el apoyo económico al sector formal, que beneficia a 2,5 millones de trabajadores; y otras políticas sociales que ya venían siendo implementadas antes de la pandemia; como la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales, que suman casi 5 millones de personas más beneficiadas. “Identificamos una parte de la población, entre 3 y 4 millones de personas, con problemas serios de ingresos, o porque se quedaron sin trabajo o porque han tenido una baja muy significativa de ingresos”, señaló Arroyo.

 “A mí me gustaría un ingreso universal, pero no es posible en Argentina desde el punto de vista fiscal”, explicitó el ministro. “Argentina tiene un conjunto de transferencias de fondos importante, estamos mejor que otros países de América latina para enfrentar la demanda social derivada de la pandemia, y que nosotros articulamos en tres ejes: el programa Potenciar Trabajo, que busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y económica; el aseguramiento de un ingreso de base, asociado con el trabajo; y el derecho al hábitat, urbanizando los barrios sin acceso a servicios básicos”, dijo.

 Nora Lustig resaltó el rol fundamental que cumplieron las políticas de ingresos en este contexto y detalló los efectos que tuvieron en distintos grupos socioeconómicos y países de la región. Destacó que “Argentina y Brasil han desplegado una política anticíclica a nivel agregado, bastante efectiva en el sentido de contrarrestar gran parte del impacto negativo de la pandemia al asegurar ingresos”. Respecto a las características del ingreso básico, en línea con las observaciones de Daniel Arroyo, expresó que “la universalidad tiene que ser el derecho a un ingreso mínimo, pero no que todo el mundo necesariamente reciba ese ingreso mínimo”.

Fernando Filgueira hizo referencia a los principales desafíos de los sistemas de protección social en la región. Para el especialista, éstos “reflejan una estructura histórica fragmentada de nuestro modelo de Protección Social” y para resolverlo, propone apostar en desarrollo de “un piso de protección social de carácter más universal que desfragmente el sistema, principalmente para las personas en edad activa y las familias con hijos/as”.

Gala Díaz Langou cerró el encuentro mencionando que “las transferencias no resuelven todo, pero son una buena base para comenzar” y destacó que “la pobreza requiere una estrategia que sea integral, de largo plazo, que haga frente a las distintas privaciones que implica encontrarse en situación de pobreza”. “Hay que hacer frente a las vulneraciones en otras dimensiones”, para lo cual se requiere de una “coordinación horizontal y vertical” y la articulación de la política del ingreso básico con otras intervenciones que vayan asegurando la salida de la pobreza de las personas.     

Este diálogo formó parte del ciclo de encuentros impulsado por CIPPEC denominado METAS para la pospandemia con el objetivo de reunir actores de distintos sectores para dialogar e intentar encontrar puntos de encuentro para delinear la salida de la crisis actual. 

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