En tal sentido,  puede observarse en primer lugar una reducción considerable del número de subsecretarias dentro de la órbita de la administración pública centralizada.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa se establece una nueva estructura con un total de 130 subsecretarías, 77 menos que en diciembre de 2017. Es decir, se produce una reducción significativa del orden del 37% y del 21% si se lo analiza en perspectiva comparada con el andamiaje organizacional presente a fines del año 2015, al finalizar el segundo mandato de CFK.

Frente a este escenario, resulta menester destacar que, al asumir el gobierno actual en diciembre de 2015, expandió su estructura de subsecretarías en un 30%, y la redujo posteriormente en un 37%.

El achicamiento del tamaño de la pirámide organizacional, procura entonces generar mayor cercanía entre los cargos de mayor jerarquía, como las secretarías, y los cargos que conforman el espacio de la alta dirección pública (ADP). Este diseño de mejora organizacional busca reproducir criterios de racionalidad y eficiencia para dotar a los ministerios de estructuras más simples, flexibles y adaptables a los mecanismos de coordinación y articulación de políticas públicas.

En la misma sintonía, también se observa un escenario inverso en el caso de las secretarías, puesto que de las 85 existentes para 2017, tras el decreto, se eliminan 6 y se crean otras 14 elevando el universo a un total de 93. Esta cifra constituye una variación significativa respecto de las 69 secretarias que existían previo a la asunción del gobierno de Mauricio Macri.

La evidencia muestra que con este nuevo esquema, se procura fortalecer la primera línea de jerarquía política en todos los ministerios (a excepción de Ministerio de Seguridad), reduciendo la intermediación de los segundos niveles del escalafón político en la gestión gubernamental.