El análisis cruzado entre la clasificación por áreas de política y la clasificación funcional muestra que la mayor proporción de los OD pertenecientes al área social tiene como función principal la provisión de servicios (59%) y sólo una pequeña proporción (17%) tiene como función principal la regulación. Por el contrario, dentro de las áreas de economía e infraestructura la mayor proporción de OD tiene como función principal la regulación (50% y 75% respectivamente).

Esta distribución coincide con el patrón existente en el resto de América Latina en donde buena parte de los países han realizado esfuerzos por establecer instituciones reguladoras en cuestiones económicas (producción, comercio) pero han relegado la regulación de temas sociales (salud pública, medioambiente, trabajo, educación).