Mediante este relevamiento se verificó si cada provincia publicaba (i) las leyes presupuestarias de los últimos cinco años (2014, 2015, 2016, 2017) y el proyecto de ley o mensaje del presupuesto 2018, (ii) la ejecución del gasto con siete clasificaciones, (iii) la periodicidad de los informes de ejecución (mensual, trimestral,anual), (iv) datos referidos al stock deuda pública provincial (informe de deuda, y clasificación por tipo de acreedor), (v) recaudación provincial por impuesto, (vi) transferencias recibidas del gobierno nacional, (vii) transferencias realizadas a municipios, (viii) normativa relacionada a la administración financiera y (ix) un presupuesto ciudadano.

La difusión de cada uno de estos documentos otorga un puntaje que oscila entre 0,05 y 0,9 puntos.