CIPPEC participó del recientemente publicado informe de las Naciones Unidas “Liderando con el ejemplo en América Larina y el Caribe: Estado, empresas de propiedad estatal y derechos humanos”.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas públicas exigiendo debida diligencia en materia de derechos humanos (DDDH). La incorporación de la perspectiva de DDHH en la gestión de estas empresas no sólo es un imperativo por el rol de garante del Estado; fortalece además la confianza ciudadana, facilita su inserción en el mercado internacional y puede impulsar la adopción de este enfoque en otros sectores de la economía.  

El estudio analiza las regulaciones y políticas de las empresas estatales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú e identifica las principales brechas y oportunidades en base a los Principios Rectores y otros estándares de Conducta Empresarial Responsable, desarrollando recomendaciones a Estados y empresas estatales sobre la integración del enfoque de DDHH en su gestión.  

Se desarrollan las siguientes recomendaciones para los Estados y empresas: 

• Formular las expectativas y los requisitos de respeto a los DDHH. Avanzar en expectativas que incluyan la debida diligencia en esta materia. 
• Fortalecer las políticas de propiedad del Estado hacia sus empresas para una conducta empresarial responsable respetuosa de los DDHH. 
• Desarrollar capacidades en materia de DDHH para la gestión de las empresas estatales 
• Fortalecer la rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, informando sobre los impactos reales y potenciales a los DDHH y las medidas adoptadas. 
• Brindar participación a comunidades afectadas por decisiones y proyectos de las empresas, en particular pueblos indígenas, para obtener su consentimiento previo, libre e informado, en consonancia con los estándares internacionales aplicables. 
• Fortalecer los mecanismos de acceso a la reparación desde las empresas estatales, más allá de otros mecanismos existentes de quejas y denuncias a nivel nacional. 
• Implementar mecanismos de control y fiscalización del respeto de los DDHH en la gestión de las empresas. 
• Dotar a los directorios de un mandato explícito de respeto de los DDHH, plasmados  en metas específicas que puedan ser supervisadas. 

Encontrá el estudio completo aquí https://empresasyderechoshumanos.org/wp-content/uploads/2023/04/EMPRESAS-PUBLICAS-VF.pdf