En 2003-2015 el Estado nacional incrementó su participación en la actividad empresarial a partir de la creación y reestatización de más de 15 empresas públicas, buscando posicionarse como un actor clave en la provisión de bienes y servicios y la promoción de sectores productivos estratégicos para el desarrollo del país. El proceso de expansión del Estado empresario parece no haberse detenido con el actual gobierno. En los últimos dos años, se crearon por decreto dos nuevas empresas públicas: Contenidos Públicos S.E. y Corredores Viales S.A.

Actualmente más de 100 empresas son de propiedad estatal si se incluyen aquellas en las que el Estado tiene una participación accionaria minoritaria.

Las empresas públicas continúan teniendo gran relevancia en materia económica y social. Administran más de 100.000 millones de pesos en concepto de ingresos corrientes (equivalente a un 1,8% del PIB), reciben transferencias que representan el 6% del gasto público y emplean más de 120.000 trabajadores.

Debido a sus características y a su rol estratégico (usan recursos públicos, proveen bienes y servicios de manera directa, tienen una misión pública explícita y una naturaleza jurídica híbrida), las empresas públicas deben desarrollar mecanismos de información, divulgación y transparencia para satisfacer al accionista (el Estado), los reguladores y auditores, los grupos de interés vinculados a la empresa y los ciudadanos.

Pero, según un informe de CIPPEC, salvo algunas excepciones, las empresas públicas del nivel nacional evidencian un pobre desempeño tanto en  garantizar el acceso a la información pública (baja tasa de respuesta a pedidos) como en sus acciones de transparencia activa (información disponible en sus sitios web).

Para promover mayores niveles de transparencia y después de múltiples marchas y contramarchas, se sancionó en septiembre de 2016 la Ley 27.275 que busca garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la gestión del Estado. Esta Ley, que entró recientemente en vigencia, incorpora dentro del universo obligado a las empresas públicas y les exige que desarrollen mecanismos de transparencia tanto reactiva como activa.

La nueva ley implica avances en materia de estándares, alcance y contenidos. Sin embargo, la implementación no será sencilla. Las empresas públicas son heterogéneas y complejas; sus realidades organizacionales, regulaciones, prácticas informales y actividades específicas plantean desafíos extra.

No basta con regular el acceso a la información. Se requiere una estrategia de trabajo integral que diseñe acciones concretas y realistas para mitigar los obstáculos que enfrentan estas empresas y los responsables de controlarlas. La voluntad y el compromiso político-institucional, la asignación presupuestaria, la resolución de controversias interpretativas de la norma, la definición del alcance y los criterios de aplicación adaptados al contexto y el establecimiento de incentivos claros se sitúan en el centro de la discusión.