La mayor parte del gasto de los partidos y las campañas se da informalmente, es decir, no se declara o son recursos públicos desviados hacia fines partidistas. A esa conclusión llegó el programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, que desarrolló el documento de políticas públicas “Dinero, partidos y campañas. Hoja de ruta para avanzar hacia un sistema de financiamiento más eficiente y transparente”.

En las elecciones presidenciales de 2015 el 90% de los aportes privados declarados por las campañas fue realizado en efectivo. Esta práctica no es nueva: en 2013 los aportes en efectivo representaron el 90% del total; en 2011, el 92%; y en 2007, el 88%. “Al admitir el efectivo como medio de pago, la ley permite de hecho lo que la propia ley prohíbe expresamente: las donaciones anónimas. El dinero en efectivo, aún cuando se deposite en la cuenta única del partido o la cuenta de campaña, no permite trazar su origen y, por lo tanto, no permite identificar al donante ni comprobar si su origen es lícito”, enfatizan las autoras del documento, María Page, coordinadora del programa de Instituciones Políticas, y la analista Josefina Mignone.

Esta informalidad daña la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero de actividades ilícitas.

El documento analiza el desempeño del régimen de financiamiento de partidos y campañas desde la reforma de 2009 y discute la evidencia, que sugiere altos niveles de informalidad, y los mecanismos e incentivos que la propician. También propone reformas destinadas a alentar una mayor transparencia y control de los recursos de la política partidaria y electoral.

Desde la reforma electoral nacional de 2009, la Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos. Hasta ahora la norma fue aplicada en tres procesos electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de los partidos. “El balance de esa experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas”, plantean Page y Mignone.

Propuestas

Entre las principales recomendaciones se destacan: prohibir los aportes en efectivo; permitir aportes de empresas a las campañas y discutir la posibilidad de permitir los aportes de sindicatos; permitir la reversibilidad de los aportes; crear un mecanismo de declaración en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña para agilizar la publicación de la información y los controles; agilizar la apertura y operación de las cuentas y subcuentas y la

habilitación de medios electrónicos de pago para hacer aportes; y ampliar el período de campaña para que comience al inscribirse las precandidaturas.

Para fortalecer el efecto disuasorio de las sanciones, también se aconseja hacer a los candidatos corresponsables y disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campañas.

Por otra parte, para evitar el abuso de los recursos del estado, se propone prohibir los anuncios y la publicidad de actos de gobierno durante todo el período de campaña, regular la publicidad oficial; revisar los requisitos que deben cumplir los partidos para mantener la personería y acceder al financiamiento y prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña.

Finalmente, las autoras resaltan que es crucial buscar mecanismos de acuerdo para que las provincias adhieran a la legislación nacional o sancionen sus propias normas de forma que se complementen con el régimen nacional; y el compromiso de las autoridades partidarias y los referentes de los sectores que actualmente aportan informalmente a las campañas, para acordar mecanismos, esfuerzos coordinados y metas de formalización.

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