Julia Pomares, directora ejecutiva de CIPPEC, expuso este martes en la jornada “Financiamiento político en Argentina. Diagnóstico y desafíos”, que organizó la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior en Casa Rosada y contó con la participación del ministro Rogelio Frigerio.

La directora ejecutiva de CIPPEC destacó que el anteproyecto de reforma del financiamiento de la política que impulsa el Gobierno obliga a bancarizar las donaciones, una medida que las organizaciones de la sociedad civil reclaman hace años. Por otra parte, Pomares planteó que la nueva ley debería abarcar las nuevas formas de propaganda política en internet y las redes, algo no contemplado en el actual anteproyecto.

“La propuesta del Ejecutivo contiene una medida para transparentar el origen de los fondos que las organizaciones de la sociedad civil venimos reclamando hace tiempo: se prohíben las donaciones en efectivo y los depósitos bancarios, que representan hasta hoy la casi totalidad de los aportes declarados por los partidos y las campañas”, destacó Pomares. “La medida es crucial: la obligación de bancarizar permite conocer el origen de los fondos y pone a los partidos y campañas bajo los mismos controles que pesan sobre cualquier otra organización que reciba donaciones mayores a 50 mil pesos”, consideró.

Las plataformas online, fuera del anteproyecto

Además, la directora ejecutiva de CIPPEC planteó que en la propuesta oficial los nuevos medios y tecnologías de comunicación permanecen al margen. “Como ocurre con la publicidad de bienes de consumo masivo de la mano del microtargeting, la tendencia global es la creciente importancia de los medios digitales también para la propaganda electoral”, enfatizó Pomares. Por un lado, las plataformas tecnológicas, como los motores de búsqueda y las redes sociales, permiten segmentar y enfocar las acciones de propaganda y llegar a más votantes con menos inversión. Por otro, estas plataformas presentan nuevos desafíos en términos tanto de regulación y control como de seguridad, dado que la pauta se compra a plataformas que funcionan fuera del país y que por eso facilitan el uso de dinero de fuentes no trazables, la propaganda se distribuye sobre la base de información privada de los usuarios y el nivel de segmentación que permiten hace difícil el control sobre la cantidad de publicidad que se emite y sobre contenidos agresivos, falsos o difamatorios. 

“Uno de cada dos argentinos se informa diariamente a través de las redes sociales e internet. Todo indica que las campañas del futuro ocurrirán en las plataformas digitales. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo mantiene el mismo esquema de la Ley N° 26.571 y deja sin regular tanto la propaganda política como la publicidad oficial en internet y redes sociales”, sostuvo Pomares. 

Los países desarrollados ya apuntan a incluir a las plataformas online en la legislación sobre campañas. Así, buscan obligar a anunciante y empresas a declarar quién paga, cuánto, qué, dónde se emite y a cuántos usuarios alcanza, y limitar el acceso que empresas y partidos puedan tener a la información personal de los usuarios. “Solo regulando las plataformas se puede controlar si se cumplen las reglas sobre fuentes permitidas de financiamiento y límites de gasto. Además, estas normas deberían alcanzar no solo a la actividad partidaria y electoral sino también a la publicidad oficial, para no inclinar la balanza a favor de los oficialismos”, concluyó la directora ejecutiva de CIPPEC.