Una reforma fiscal y tributaria

El sistema fiscal nacional presenta un conjunto de problemáticas que tiene como eje fundamental el esquema actual de transferencias entre las distintas jurisdicciones y las distorsiones asociadas a este. El denominado “laberinto fiscal”, contiene un complejo y extraordinario sistema de intercambios, donde las potestades tributarias y responsabilidades de gasto están desacopladas y son fuertemente asimétricas entre los distintos niveles de gobierno. Solucionar estos problemas requiere una reforma integral del régimen fiscal federal.

Nuestras propuestas para una reforma del régimen fiscal federal y una reforma tributaria incluyen: ampliar la base tributaria del impuesto a las ganancias, revisar exenciones y evaluar regímenes promocionales, fortalecer los impuestos patrimoniales y modificar el impuesto a los ingresos brutos.

Sostener el crecimiento

 A lo largo de los últimos 50 años la economía argentina se ha caracterizado por una alta volatilidad macroeconómica de corto plazo, signada por fuertes fluctuaciones en los niveles de actividad y empleo, la tasa de crecimiento, los precios relativos y la inflación. Esta volatilidad favoreció una dinámica estéril, focalizada en el corto plazo, que determinó una marcada tendencia al retroceso económico y social al menos a lo largo de las últimas cinco décadas.

Nuestra propuesta para lograr un crecimiento económico sostenido, con inclusión social, es tomar tres medidas: crear un fondo anticíclico para financiar déficits fiscales y amortizar la deuda pública; diversificar el desarrollo productivo regional y reducir la informalidad laboral.

Ciudades más equitativas

Hoy, en Argentina, el 92% de la población reside en ciudades. Y si la tendencia de urbanización continúa, en 2050 el país será completamente urbano. Sin embargo, existe poca información sobre el nivel de desarrollo en que se encuentran los principales aglomerados urbanos del país. Esto conlleva a un diseño urbano precario y a la pérdida del valor económico que trae consigo la urbanización. Además, la mayor parte de las políticas urbanas en la región son sectoriales o acotadas a una administración, sin efectuar una mayor coordinación con otros niveles de gobierno.

Proponemos una política integral de suelo urbano metropolitano, que incluya bancos provinciales de tierra, asociaciones público-privadas para el desarrollo metropolitano y planes municipales de expansión urbana.

Infantilización de la pobreza

 La primera infancia, es un período crucial para el desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas. Pero a pesar de que hubo importantes avances en la inclusión social en tiempos recientes, Argentina todavía tiene grandes deudas en esta materia. Existe una amplia brecha entre las normas que garantizan derechos y su efectivo ejercicio. Y las tasas de pobreza infantil son altas y mayores que las tasas de la población en general.

Para conformar una política integral de primera infancia de amplio impacto hay que asegurar por ley el financiamiento de una política federal de primera infancia; mejorar la calidad y cobertura de los centros de primera infancia y modificar el régimen de asignaciones familiares.

Jóvenes hacia la vida adulta

El período que va desde los 15 a los 29 años es crítico en la vida de una persona, durante estos años que se toman decisiones que determinan en gran parte las posibilidades de inclusión en la sociedad. Pero en Argentina, el 41% de los jóvenes entre 18 y 29 años no terminó el secundario; gran parte de los alumnos de 15 años de edad no accede a los saberes indispensables para la inserción social; y una de cada seis mujeres tiene su primer hijo antes de los 19 años.

Para disminuir las dificultades que enfrentan los jóvenes a la hora de insertarse en la sociedad proponemos fortalecer la escuela como espacio de transición a la vida laboral. A su vez, proponemos ampliar los programas de primero empleo y extender la educación sexual en las escuelas y la distribución de anticonceptivos de larga duración.

El dinero en la política

Hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas. Esta informalidad tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Proponemos poner un tope a los aportes en efectivo, permitir aportes de empresas y sindicatos, y limitar el uso de los recursos del Estado para las campañas.

Fortalecer la Alta Dirección Pública

Desde el 2002 hasta la actualidad, la función directiva ha sido cubierta a través de una modalidad de corte discrecional: designaciones transitorias de las posiciones superiores. La utilización intensiva de esta modalidad derivó en la instalación de un modelo de gestión en el cual las necesidades directivas se determinan exclusivamente en función de las prioridades de la autoridad política de turno. Además, dado que la asignación es “transitoria” estos directivos no tienen procesos asociados a la gestión del desempeño, ni incentivos que promuevan su desarrollo y ni estímulos económicos que premien logros o resultados extraordinarios.

Hay que desarrollar las capacidades de la alta dirección pública, mejorando el modelo de carrera y contemplando mérito y flexibilidad.

Políticas públicas evaluadas

Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función política de monitorear y evaluar. Tampoco cuenta con una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a la función de evaluación en el Estado. Las leyes que existen se enfocan en el control del gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados de desarrollo que se logran. De igual forma, no existe un organismo de evaluación que se responsabilice por el despliegue de la política o el sistema nacional de evaluación.

Una Política Nacional de Evaluación mejoraría el desempeño de las políticas públicas, al generar conocimiento y aprendizajes sobre aquello que funciona y aquello que no y ayudando tomar mejores decisiones sobre las intervenciones estatales que afectan la vida de las personas.