Pensar en estos lineamientos para conciliar una nueva "narrativa" impone el compromiso de dar algunos pasos concretos, que aquí se sugieren entre muchos otros posibles: (a) Realizar un Censo de la administración pública de la Educación en las provincias, como diagnóstico para identificar fortalezas y debilidades, vitales para elaborar planes de capacitación, (b) Crear una Escuela de gobierno de la Educación, que forme y capacite a los equipos técnicos y funcionarios de Educación provinciales, profesionalizando la función pública, (c) Proponer la creación de Planes educativos provinciales con metas, políticas y recursos concretos, ya que resulta insólito que todas las escuelas del país tengan sus proyectos educativos institucionales, pero casi ninguna provincia tenga el suyo, (d) Crear e institucionalizar nuevas herramientas de información sobre las políticas educativas, por ejemplo, un Sistema de medición de la equidad educativa, que permita conocer la distribución de todos los recursos educativos según nivel socioeconómico de los alumnos, (e) Promover la creación de instancias democráticas de gobierno de la educación, como los consejos escolares, foros educativos locales y consejos provinciales de educación, con elecciones legítimas de representantes y funciones consultivas, propositivas y de monitoreo. 

Estas ideas pueden multiplicarse rápidamente, pero es necesario mantener el foco que se pretende destacar en esta oportunidad: la construcción de una nueva forma de pensar y hacer política educativa requiere de instituciones democráticas que den cauce a nuevas demandas y a nuevos o renovados actores. Los cambios no se dan de un día para el otro, asíó como no suceden sólo con la sanción de las leyes. Requieren recursos, marcos políticos, acciones concretas y voluntades comprometidas. Además, requieren una clara estrategia, que en este caso debería incluir ineludiblemente un pacto social entre gobiernos y sindicatos docentes, proclive a conciliar espacios de participación que cierren las enormes brechas políticas que los separan y pongan a la educación en el centro de una nueva agenda basada en la oportunidad que abre la Ley de Financiamiento Educativo. 

La educación atraviesa no sólo una crisis histórica -ligada a la caída de las instituciones estatales modernas, el crecimiento de la pobreza y las desigualdades y el deterioro de la profesión docente- sino también una narrativa de las respuestas políticas que alimenta una mirada pesimista y desahuciada. Quizás hoy por hoy uno de los desafíos principales pase por la búsqueda de un nuevo diálogo entre la educación y la práctica política, que intente rediseñar democráticamente el futuro de las escuelas ante los profundos desafíos que les toca enfrentar. Construir una nueva narrativa de la política educativa es un paso imprescindible para ello.

A través de una segunda resolución, el Consejo acordó en mayo los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que identifican los saberes comunes más relevantes para el primer y segundo ciclo de EGB y fueron la base sobre la cual se organizó la recuperación de los días de clase perdidos durante este año. En tercer lugar, en agosto el Congreso nacional sancionó la Ley de Educación Técnico Profesional, que, entre otras cosas, unifica los criterios para los planes de estudios y crea un fondo de 200 millones de pesos para el área.

Por otra parte, este año también fue testigo de la sanción de una esperada ley que está íntimamente relacionada con los derechos de quienes asisten al sistema educativo: la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Por último, el año que se inició con el debate sobre una Ley de Financiamiento Educativo, está cerrando con su sanción por parte del Congreso. La decisión implicaría un aumento muy significativo de la inversión en educación a partir del año próximo. 

Sin cifras oficiales consolidadas, es posible adelantar que todos estos acontecimientos se dieron en el contexto de un incremento presupuestario para el sector educativo, que al ser analizado en relación con el aumento inflacionario se torna todavía incapaz de volver en términos reales a los ya magros niveles de financiamiento previos a la crisis de 2001. En el nivel nacional, los aumentos significativos del presupuesto no conllevaron todavía una mejora frente a otras áreas de Gobierno, dado que el porcentaje del gasto nacional proyectado para Educación y Cultura aumentó apenas 0.1 puntos porcentuales (pasó de representar 6.5% para 2004 a 6.6% para 2005). Por otra parte, si bien es cierto que en términos nominales los salarios docentes han aumentado ininterrumpidamente desde el año 2003, cuando se analiza el incremento salarial real (es decir, teniendo en cuenta la inflación) este aumento se torna relativo. Más que un aumento significativo se observa una recomposición de un salario que, en promedio y en términos reales, sigue estando muy por debajo de los niveles salariales de 2001. 

Sin embargo, los cambios macroeconómicos y las disputas sindicales por el salario docente han terminado de consolidar este año 2005 un nuevo mapa de desigualdades salariales. Por ejemplo, Chubut pasó de ser la provincia número 13 en el total de 24 en salarios docentes en 2002 a ser la tercera en 2005. Por su parte, la provincia de Chaco, que se situaba entre las dos provincias que pagaban salarios más bajos en el 2002, ahora su ubica en el puesto número 15. La situación inversa se da en provincias como La Rioja, que pasó del cuarto puesto del ranking salarial en el 2002 al noveno en 2005, y San Juan, que dejó el octavo lugar para ubicarse en el decimoctavo. 

Lamentablemente, no podemos completar este balance basándonos en las tendencias de los datos ligados al acceso y a la calidad del sistema. El procesamiento de los datos referidos a las tasas de abandono, repitencia y sobreedad así como los resultados de las evaluaciones nacionales de calidad a partir del año 2003 no están todavía disponibles al público. 

En síntesis, este año concluye con una combinación de sucesos que evidencian las distancias entre eventos locales y coyunturales, y otras acciones de mediano plazo que se plantean como posibles estrategias a nivel nacional. A los conflictos docentes y a la inestabilidad política que muestran las diferencias entre las provincias -propias de un sistema federal extremadamente desigual-, se suman aquellas esperanzas que podrían representar el comienzo de una nueva etapa educativa basada en un importante aumento presupuestario y en la búsqueda de consensos sobre el futuro educativo. Lo único claro es que ningún camino será fácil en el concierto de urgencias que el sistema educativo argentino acarrea después de tantos años de desgaste y desconcierto.

¿Hasta qué punto desde el Ministerio nacional se pueden modificar estas realidades en el contexto del federalismo educativo, donde las provincias tienen a cargo la gestión del sistema? 

Yo no me siento frustrado por la falta de atribuciones del Ministerio nacional. Nosotros tenemos que ser capaces de liderar y conducir el proceso junto a las 24 jurisdicciones. Nuestras atribuciones pasan por concertar las políticas a nivel nacional, tener información y evaluación de la calidad, compensar desigualdades y capacitar a los docentes, con lo cual deberíamos ser capaces de avanzar en el rumbo que deseamos a través de la generación de acuerdos con las provincias. De todas formas, es cierto que en el tema de los días de clase hay límites al rol que desde Nación podamos ejercer, dado que las provincias tienen situaciones heterogéneas. Sin embargo, la Ley de Financiamiento Educativo debería ser un gran aporte a esta situación dado que pasa parte de la discusión salarial al ámbito nacional.

En relación con esta ley, ¿dónde cree que la inversión debería priorizarse, en la jornada completa, en el salario docente, en escuelas de nivel inicial o en el Polimodal? 

Creo que es una cuestión de equilibrios, a veces al invertir en jornada completa se mejora la situación laboral docente al concentrar sus horas en una sola escuela, aunque no mejore tanto su salario. Pero corremos el riesgo de que si no hay mejoras salariales, tengamos más horas de clase y que sean más de lo mismo, es decir que hay que pensar integralmente cómo mejorar la inversión educativa apuntando a que esa inversión sirva realmente para mejorar la calidad educativa.

tenían 5 años y no asistían al Nivel Inicial, es decir el 21.2% de la población de esa edad. La situación en el Nivel Polimodal no era mucho mejor, ya que el 20.6% de los jóvenes en edad de cursar ese nivel se encontraban fuera del sistema educativo, lo que equivale 395.923 jóvenes.

• Especialización, Maestría y Doctorado en Educación, UDESA. Se encuentra abierta la inscripción para los Programas de Posgrado en Educación que ofrece la Universidad de San Andrés. Los interesados podrán presentar la documentación requerida hasta el 7 de abril de 2006. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas en las sedes de Victoria (Vito Dumas 284) y Capital (25 de Mayo 586, 2do. Piso). Para consultas e informes, cliqueé aquí
• Foro Internacional sobre el Nexo entre Ciencias Sociales y Políticas, organizado por la Unesco, los gobiernos de Argentina y Uruguay, y una amplia gama de entidades académicas, políticas y de ONG. A realizarse entre el 20 y el 24 de febrero de 2006 en Argentina y Uruguay. El encuentro estará destinado a científicos, responsables políticos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de reflexionar sobre el valor de la investigación en ciencias sociales en relación con los procesos de toma de decisiones políticas y en el desarrollo de proyectos sociales innovadores. Se prevé la participación de oradores provenientes de unos 70 países, y la realización de talleres en las siguientes temáticas: políticas sociales, problemas y dinámicas globales; población y migraciones; integraciones regionales; políticas urbanas; y descentralización. La inscripción está abierta hasta el 30 de enero de 2006. Para más información comunicarse al (011) 4129 1170 o cliqueé aquí