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Los
imperativos de la Ley de Financiamiento Educativo
El proyecto que debatirá próximamente el Congreso
es una oportunidad histórica para cambiar las prioridades políticas en
materia de inversión estatal; para abrir el futuro de los que menos
tienen a través del mejoramiento educativo deben darse cuatro
imperativos: más financiamiento, más equidad, más transparencia y
políticas educativas que acompañen la inversión.
El
salario, epicentro de la inestabilidad educativa provincial
A pesar de los esfuerzos financieros
realizados por los gobiernos provinciales y nacional para mejorar el
sueldo docente, los constantes reclamos del sector buscan contrarestar la
pérdida del poder adquisitivo sufrida desde la crisis de 2001 y
garantizar una regularización de la composición salarial.
Inversión
comparada
Resumen de noticias
Resumen de noticias
Publicaciones recientes y eventos
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I-Buenos
Aires: Alarmante aumento de la deserción escolar en la provincia
En los últimos
cuatro años, casi 21.000 alumnos del Polimodal dejaron de ir a clase en
la provincia; el aumento de la deserción coincidió con el período de
mayor incremento de la pobreza; algunas claves para abordar el problema.
II-Córdoba:
Un programa de dotación de libros elegidos por los docentes
En paralelo con el
programa nacional de dotación de libros, Córdoba seleccionó, compró y
distribuyó libros gratuitos a 365.000 alumnos de 1.362 escuelas por medio
de una modalidad particular que combina la centralización estatal de la
compra con la participación de los docentes en la selección de los
libros.
III-
Mendoza: Sigue el juego democrático de poder en materia educativa
La Dirección General
de Escuelas decidió una modificación curricular para dos años del EGB3
poco antes del inicio del ciclo lectivo; la medida fue rechazada por el
sindicato provincial, que la impugnó judicialmente y logró un fallo que
impide su aplicación porque no fue analizada por el Consejo General de
Educación.
Juan José
Llach repasa la gestión de Filmus
El ex ministro de
Educación de la Nación, miembro de la Academia Nacional de Educación y
coautor del libro Educación para todos, analiza la gestión de Filmus:
subraya aciertos, identifica tareas pendientes y sostiene que es decisivo
el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.
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Los imperativos de la Ley de Financiamiento Educativo
El proyecto de Ley de Financiamiento que se comenzará a
debatir en las próximas semanas representa la mayor iniciativa
legislativa educativa de la última década. En el contexto de un
país expectante por definiciones, implica una oportunidad
histórica para cambiar el rumbo de las prioridades políticas en
materia de inversión estatal, abriendo el futuro de los que
menos tienen a través del mejoramiento educativo. Para que ello
sea posible deben cumplirse cuatro imperativos, tanto en el texto
como en la dinámica política de la ley: (a) más
financiamiento, (b) más equidad, (c) más transparencia, (d)
políticas educativas que acompañen la inversión.
Las primeras versiones del proyecto de ley plantean el
objetivo de incrementar anualmente la inversión en el sector en
0,4% con respecto al Producto Bruto Interno (PBI) para alcanzar
el 6% del PBI dedicado a educación en el año 2010. Para ello,
la Nación aportaría el 35% de este aumento y las provincias el
restante 65%. Frente a esta propuesta, creemos que la Nación
debe hacer un esfuerzo mayor al que se plantea, liderando el
proceso histórico de aumento del financiamiento educativo,
especialmente porque muchas provincias pobres tendrán
dificultades para cumplir las metas. A su vez, un mayor aumento
implicaría que sea también la Nación quien incremente su
esfuerzo en materia salarial docente, aspecto clave que no figura
entre las inversiones que plantea el proyecto de ley -si bien
tanto la Nación como varias provincias han hecho esfuerzos
significativos para recomponer el salario del sector.
Por otra parte, para lograr incentivar el aumento de la
inversión educativa provincial, la Nación deberá poner entre
paréntesis la Ley de Responsabilidad Fiscal (como planea
hacerlo) y establecer una fórmula que recompense con fondos
nacionales a aquellas provincias que aumenten su porcentaje del
presupuesto destinado a Educación. De otra manera, las palabras
de la ley serán incumplibles por las maniobras elusivas de los
gobernadores.
El origen principal de las desigualdades extremas en la
inversión por alumno de cada provincia es la coparticipación
federal de impuestos. Ninguna norma podrá revertir estas
disparidades sin modificar la coparticipación. Es por ello que
la verdadera lucha por la igualdad educativa dependerá de las
modificaciones en esta estructura y no de la nueva ley de
financiamiento.
Sin embargo, la oportunidad para el sector educativo no debe
ser despreciada y la ley deberá contener una clara fórmula que
beneficie a aquellas provincias más pobres y más desfavorecidas
por la coparticipación. Una forma de hacerlo es otorgándole
más recursos a las provincias con mayores niveles de pobreza y
que destinan un mayor porcentaje de su presupuesto a
Educación, dado que éste es un buen indicador (aunque no el único) de las
desigualdades originadas en la coparticipación. De esa manera, se
compensarán, aunque sólo parcialmente, las diferencias en la
inversión por alumno de las provincias.
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La falta de eficiencia en el manejo nacional y provincial de los
recursos es una falencia, pese a no tener el carácter determinante
de los dos primeros puntos. Una de las formas de enfrentarla es
incrementar la transparencia en el uso de los recursos, aprovechando
la oportunidad de la nueva ley para obligar a la Nación y a las
provincias a brindar información periódica y detallada sobre la
ejecución del presupuesto educativo.
Esta información debería ser legitimada por un organismo
externo, compuesto por reconocidas instituciones (UNICEF y UNESCO,
por ejemplo), que lleve adelante un sistema de monitoreo de la
ejecución presupuestaria. Así, también se favorecería una mayor
participación ciudadana en el control del uso de los recursos
educativos, generando pautas más democráticas de gobierno de los
sistemas educativos provinciales.
Los tres puntos anteriores deben tener un claro destino:
privilegiar a los más pobres y generar condiciones para que la
educación sea valiosa, creativa y dignifique a quienes la reciban.
Las propuestas de la primera versión de la ley de financiamiento son
un paso adelante en esa dirección, al plantear metas centrales como
el avance en los niveles de escolarización de las poblaciones
excluidas.
Sin embargo, el problema central de estas grandes metas es que si
no hay una mejora sostenida de las condiciones laborales docentes, la
expansión educativa se terminará financiando con la depreciación
de los salarios del sector, como ocurrió en el pasado y como sigue
ocurriendo en la actualidad.
La gran pregunta que ronda en torno de esta iniciativa política
refiere a dónde están parados el presidente Néstor Kirchner, el
ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los gobernadores en materia
de inversión educativa. Está claro que el Ministerio de Educación
Nacional, que encabeza Daniel Filmus, quiere más recursos y más
equidad para el sistema educativo. Pero, ¿las autoridades superiores
avalan realmente el necesario cambio histórico y las
redistribuciones de poder que implicaría?
La disputa por el salario docente es central en este punto. Para
que las políticas educativas sean significativas en términos de
impacto pedagógico, deben cambiar sustancialmente las condiciones de
enseñanza. Sin mejores y más equitativos salarios esto resulta
inviable. La ley definirá si esta dramática situación comienza a
modificarse en la historia argentina o si nuevamente los docentes
deberán cargar sobre sus hombros el "peso económico" de
la ley.
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El salario, epicentro de la inestabilidad
educativa provincial
El ciclo lectivo 2005 se inició y continúa hasta hoy
sobresaltado por los reclamos docentes en torno a la mejora
salarial, por lo que en muchas provincias no se cumplirá con el
objetivo de 180 días mínimos de clase fijados por la ley
25.860. Si bien el ministro Daniel Filmus planteó la iniciativa
de concebir en el Consejo Federal de Educación las estrategias
pedagógicas para reponer el tiempo perdido, la experiencia
pasada indica que en realidad resultan soluciones parciales, que
no logran reparar los aprendizajes no adquiridos por los
alumnos.
Un primer punto a señalar respecto del alto grado de
conflictividad es que, si bien fue liderado por el sector
docente, se extiende a otros grupos de trabajadores y responde al
contexto específico post-devaluación, de crecimiento de la
inflación y consecuente pérdida del poder de compra de los
sueldos. Según datos del INDEC, entre enero de 2002 y diciembre
de 2004, los salarios reales (considerando el impacto de la
inflación) del sector estatal -el más perjudicado- disminuyeron
28,5%, frente a una caída de sólo 3,1% para el sector privado
formal. Si bien en el caso de los docentes la caída promedio fue
de 6,5%, esta cifra esconde grandes disparidades entre las
provincias. Del total, 17 sufrieron bajas en el salario real,
encabezadas por Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis,
con reducciones que superan el 20%. Entre las 7 provincias que
experimentaron incrementos se destacan Chaco, La Pampa, Santa Fe
y Chubut, con aumentos reales mayores a 10%.
Monto, composición y distribución del salario docente
cuestionados
Ahora bien, en forma complementaria a la evolución de las
remuneraciones, es preciso analizar los montos alcanzados hacia
inicios de este año en las distintas provincias y su relación
con la canasta básica alimentaria total -que determina la línea
de pobreza-, cuyo valor para un hogar tipo -2 adultos con 2
hijos- varía según las regiones. De acuerdo con datos del
Ministerio de Educación nacional, el salario bruto de un docente
con 10 años de antigüedad por jornada simple, sostén de un
hogar tipo, aún se encuentra bajo la línea de la pobreza en
provincias como Formosa o Misiones, mientras que apenas la supera
en Corrientes.
Considerando estas cifras, resulta interesante constatar que
el grado de conflictividad de las provincias no coincide siempre
con sus niveles salariales. Si bien Formosa (con 15 días de
paro) integra el grupo de provincias de mayor conflictividad,
Corrientes y Misiones han perdido sólo 3 y 1 día de clases por
los reclamos docentes. Paralelamente, otro grupo de provincias
con cantidades importantes de días de paro -Chaco (39), Salta
(32), Santiago del Estero (20), San Luis (15) y Río Negro (10)-,
ofrecen en promedio salarios similares a otras provincias con
bajo o nulo conflicto ($818 de salario bruto para un docente con
10 años de antigüedad por jornada simple). Estas disparidades
se explican, por un lado, por las variables políticas propias de
los contextos provinciales y, por otro, por el motivo de la
protesta, que se ha centrado en muchas provincias en el
"blanqueo" salarial y en otras en la recomposición de
la pirámide de sueldos de acuerdo con el escalafón
docente.
El pedido de "blanqueo" responde a las
irregularidades generadas durante las últimas dos décadas en la
composición salarial, a través de la introducción de variadas
sumas no remunerativas, es decir no integradas al salario
básico, por lo cual no pagan cargas sociales. Las anomalías son
tales que en la actualidad la mayoría de las provincias sólo se
pagan aportes patronales por una parte menor del salario. Esta
situación plantea un dilema a las autoridades
provinciales,
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| para las cuales un aumento del salario básico
implica enormes esfuerzos presupuestarios sin que su repercusión
sea notoria para el bolsillo de los docentes. Por su parte, el
denominado "achatamiento" de la pirámide salarial se
produjo como consecuencia de que los aumentos no siempre respetaron
el escalafón docente, por lo que se redujeron, por ejemplo, las
diferencias existentes entre los docentes con mayor y menor cantidad
de años de antigüedad en el sistema.
En suma, la devaluación de la capacidad de compra de los
salarios en la mayoría de las provincias, la necesidad de blanqueo
y la indistinción según el escalafón constituyen el corazón de
la movilización docente, en un contexto de crecimiento económico
con incrementos substanciales en la recaudación y en un año
electoral que, los gremios lo saben bien, puede dejar sus frutos.
Pero independientemente de estos reclamos, lo cierto es que los
sueldos de los docentes llevan ya tres décadas de postergación y,
si se pretende implementar de aquí en adelante políticas de
profesionalización para el sector, la necesidad de la mejora
salarial es ineludible.
Efectos locales del conflicto docente
Jaqueados por la interrupción del servicio educativo e inquietos
por el descontento creciente de los padres, 7 provincias recurrieron
a la cuestionable herramienta del descuento por día de paro (Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, Formosa y Salta),
mientras que en varias otras la intención fue atemperada por la
tentativa de conciliación (Río Negro y Santiago del Estero) o la
intervención de la Justicia (La Pampa). Peor aún, en las
provincias de Salta y Neuquén la manifestación docente fue
violentamente reprimida.
Un efecto mucho menos citado es el impacto de la protesta docente
sobre la inestabilidad de los ministros de educación provinciales,
que terminan siendo los fusibles de las decisiones de los
gobernadores. Desde el inicio de las nuevas gestiones a principios
de 2004, 10 son las provincias en las que ha habido recambio, 9 de
las cuales (Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja,
Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero) no lograron
cumplir con los 180 días de clase en 2004 o 2005 (este no fue el
caso de Tierra del Fuego). Así, la conflictividad docente genera no
sólo discontinuidad en las aulas, sino también en el gobierno de
la educación, lo cual perjudica en forma evidente las posibilidades
de construcción de políticas en el mediano y largo plazo.
Contradicciones y límites de la política nacional
En el Ministerio de Educación nacional no deja de hacerse
manifiesta la impotencia frente al conflictivo escenario federal,
para cuya resolución no dispone de instrumentos adecuados.
Justamente el pedido de la CTERA, consciente de que será difícil
convencer a los gobernadores del aumento presupuestario, consiste en
que la política salarial sea reapropiada por el centro. Si bien
desde el Palacio Pizurno se está efectivamente auxiliando a las
provincias para lograr el piso de $700 para todos los docentes, tal
como prometió recientemente el presidente Néstor Kirchner, la
incumbencia de la Nación en materia salarial tiene los límites
fijados por las actuales potestades de las jurisdicciones. De hecho,
la expansión del presupuesto educativo auspiciada por el proyecto
de Ley de Financiamiento Educativo prevé para el ministerio
nacional partidas destinadas a todo fin que no sea el salarial,
responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales. |
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I- Buenos Aires: Alarmante aumento
de la deserción escolar en la provincia
Entre los años 2000 y 2004 hubo una disminución en la
matrícula del nivel Polimodal de las escuelas públicas de la
provincia de Buenos Aires de casi 21.000 alumnos, cayendo de
402.887 a 381.907 estudiantes, según datos oficiales de la
Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE). El
incremento más significativo en la tasa de abandono se produjo
entre 2000 y 2003 en el primer y segundo año de Polimodal. Así,
se pasó de 13.55% en promedio en el año 2000 a 17.15% en
2003.
Este aumento de la deserción coincide con el período de
mayor incremento de la población debajo de la línea de pobreza
e indigencia. En efecto, entre 2000 y 2003 el porcentaje de
personas bajo la línea de pobreza en el conurbano ascendió
25.6% y aquel bajo la línea de indigencia 21.4%. Estos
indicadores son incluso más alarmantes cuando se considera
únicamente a la población que tiene entre 15 y 18 años: en el
año 2004, más de 50% de los jóvenes eran pobres y más de 20%,
indigentes.
Las estadísticas oficiales constatan que, incluso ante esta
profundización de la pobreza, las tasas de escolarización para
el nivel de EGB (Educación General Básica) se han mantenido, lo
cual evidencia la permanencia de los sectores más desfavorecidos
en el sistema educativo. Sin embargo, la situación es bien
diferente en el Polimodal: un informe de la propia DGCyE reconoce
que, pese al incremento de las tasas de escolarización en los
deciles más pobres producidos luego de la reforma, desde el año
2002 la cobertura disminuyó casi 5%.
A todas luces, este nuevo escenario demanda una adecuación de
las políticas públicas, de las estrategias pedagógicas y de la
organización institucional. Desde comienzo de año muchas
escuelas han buscado diversas medidas para contrarrestar la
tendencia, entre las cuales encontramos clases de apoyo,
tutorías y asistencia económica. El Gobierno, por su parte, ha
manifestado explícitamente la voluntad de crear las condiciones
para alcanzar la obligatoriedad del Polimodal. Para ello,
aumentó la inversión en material didáctico, puso en marcha
diversos programas educativos, tal como "Volver a la
Escuela", y anunció un plan de becas específico para el
nivel. Sin embargo, resta saber si estas políticas educativas
correrán igual suerte que esfuerzos anteriores: discontinuidad
por recortes presupuestarios.
La deserción escolar en el nivel medio es un problema social,
educativo y político. Para resolverlo se deberá, por un lado,
tomar la decisión política de universalizar el acceso - con
componentes normativos (obligatoriedad del nivel) e
institucionales (nuevo modelo pedagógico), pero también
presupuestarios-. Por otro lado, se tendrá que pensar en un
modelo de desarrollo inclusivo, que contemple cambios en la
distribución del ingreso y mejore las condiciones de vida de los
sectores más desfavorecidos.
II- Córdoba: Un programa de dotación de libros
elegidos por los docentes
El gobierno de la provincia implementó una política de
dotación de libros para las escuelas más desfavorecidas de
todos los niveles, financiada con recursos de un crédito de $9
millones acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Para
ello, se diseñó un novedoso procedimiento, que articula la
selección descentralizada de los materiales bibliográficos por
parte de los docentes y la compra centralizada a cargo del
gobierno provincial. Esta modalidad permite, por una parte,
mantener un precio conveniente por la agregación y volumen de
las compras y, por otra, dar la posibilidad a los docentes de
elegir los libros que luego van a utilizar, promoviendo de este
modo un mejor y mayor uso en las aulas.
La selección de los docentes se realizó a partir de un
catálogo de libros "elegibles" elaborado por las
autoridades educativas provinciales, dado a conocer a través de
la página web del Gobierno y en soporte de papel. A su vez, se
organizaron ferias para que los docentes pudieran tomar contacto
directo con los materiales. Más allá de los necesarios ajustes al procedimiento -como la
evaluación más exhaustiva de los títulos incluidos en el
catálogo diseñado por la cartera educativa para evitar la
llegada de libros inadecuados a las aulas-, es interesante
destacar su modalidad innovadora. En términos cuantitativos, es
importante señalar que el programa permitió la distribución de
libros gratuitos a 365.000 alumnos que cursan en 1.362
escuelas.
El libro constituye una herramienta fundamental de enseñanza
en la que se apoyan cotidianamente los docentes de todas las
escuelas del país. Su peso en el ámbito escolar es tal que, a
pesar de la multiplicación de las fuentes de información y de
los medios didácticos experimentada en las últimas décadas,
continúa conservando un lugar primordial en las prácticas
pedagógicas de los docentes. Sin embargo, no han existido
históricamente en la Argentina políticas estables de dotación
de libros a las escuelas.
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Esto explica que la cantidad de libros de texto por alumno en
nuestro país sea mucho más baja que en otros países
latinoamericanos (como Chile, Brasil y México), cuya tradición
en este tipo de políticas data ya de varias décadas. Si bien
los datos estadísticos disponibles acerca de la cantidad de
libros de texto por alumno son insuficientes, es indudable las
carencias en las escuelas argentinas más desfavorecidas son
notorias. En este contexto, es importante destacar una política
provincial que acompaña y complementa el esfuerzo encarado por
el gobierno nacional. No resulta casual que sea Córdoba la
jurisdicción que ha desarrollado este particular programa,
reafirmando su autonomía en el diseño de políticas educativas.
Sin
embargo, surge el interrogante acerca de las posibilidades de su
sostenimiento en el largo plazo, teniendo en cuenta que el
financiamiento del programa proviene de un crédito externo y que
no existe una tradición ni una demanda socialmente extendida de
políticas estables de dotación de libros de texto.
III- Mendoza: Sigue el juego democrático de
poder en materia educativa
El ciclo lectivo comenzó movido para el sistema educativo
mendocino: a una semana del inicio de clases, la Dirección
General de Escuelas (DGE) comunicó una resolución por la cual
se eliminaron las horas de Tecnología en el 8vo. año de EGB3 y
las de Formación Ética y Ciudadana en el 9no. con el objetivo
de fortalecer materias troncales como Matemática, Historia y
Lengua.
Frente a esta imprevista reacomodación curricular, las
reacciones del sindicato provincial, el SUTE, fueron inmediatas y
las clases no comenzaron como estaba previsto. La Legislatura
tomó cartas en el asunto e interpeló a Emma Cunietti, titular
de la DGE, para que explique los fundamentos de la controvertida
normativa. Finalmente, ante la presentación de una acción de
amparo del sindicato, el Poder Judicial declaró ilegal la
resolución de la DGE por no haberse puesto a consideración del
Consejo General de Educación, organismo consultivo previsto en
la Ley Provincial de Educación, pero que nunca había sido
creado debido a la falta de reglamentación de la citada
ley.
Más allá de las disputas políticas del momento -entre los
diferentes partidos políticos y entre el Poder Ejecutivo y
Judicial- y de los resultados de este proceso (la DGE apelará el
fallo de la Justicia a fin de continuar con las modificaciones
planteadas), cabe resaltar ciertos aspectos de la dinámica
político-educativa de Mendoza que se reflejaron claramente en
esta oportunidad.
Por un lado, la fuerte institucionalidad democrática del
sistema político provincial, en el que los diferentes poderes
del Estado tienen su propia voz y voto en lo que se refiere a las
definiciones de política educativa. Esto se manifestó durante
el proceso de sanción en el año 2001 de la Ley Provincial de
Educación que, a diferencia de lo que ocurrió en la gran
mayoría de las jurisdicciones, se caracterizó por la
intervención activa de la Legislatura y la participación de la
sociedad civil en el debate. Esta institucionalidad democrática
se vio fortalecida ante el reciente fallo judicial, que exigió
al Poder Ejecutivo la creación del Consejo General de
Educación, compuesto por la directora General de Escuelas, los
partidos políticos con representación parlamentaria, los
sindicatos docentes y representantes de universidades
provinciales, entre otros. Incluso el mismo gobernador, Julio
Cobos, se comprometió públicamente a reglamentar la norma
rectora del sistema educativo.
Por otro lado, el permanente activismo de la política
educativa mendocina, que ya venía destacándose desde la década
del ochenta otorgándole a las cuestiones
pedagógico-curriculares un lugar privilegiado en la agenda. En
este sentido, cabe destacar que los cuestionamientos a la
resolución de la DGE no se concentraron en su contenido
(aparentemente existe cierto consenso con respecto a la necesidad
de fortalecer las espacios curriculares llamados troncales), sino
a la poca participación de los diferentes actores sociales en el
proceso de decisión y los tiempos del anuncio, que se llevó a
cabo pocos días antes del inicio de clases.
En definitiva, en un país con el sistema educativo con un
alto nivel de conflictividad, donde la discusión pública
difícilmente va más allá de la problemática del momento,
Mendoza se destaca por su debate eminentemente educativo,
poniendo sobre la mesa la cuestión curricular propiamente dicha,
y por la búsqueda de la democratización del proceso de toma de
decisiones. |
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Juan José Llach repasa la gestión de Filmus
Entrevista con el ex ministro de
Educación de la Nación, miembro de la Academia Nacional de
Educación y coautor del libro Educación para todos.
¿Cuál es su percepción general de la gestión de
Daniel Filmus como ministro de Educación?
Para la gestión de Filmus lo decisivo es el proyecto de Ley
de Financiamiento Educativo. Más allá de esto, rescataría
principalmente tres aspectos. En primer lugar, los Núcleos
Prioritarios de Aprendizaje; en segundo lugar, la creación del
Instituto de Formación Docente, presidido por Juan Carlos
Tedesco y, en tercer lugar, el haber tomado la decisión, aunque
en forma parcial, de volver a participar en las pruebas
internacionales de evaluación de la calidad educativa.
De todas maneras, como tarea pendiente destacaría
precisamente el tema de la evaluación: si bien aparentemente
estaríamos volviendo a los Operativos Nacionales de Evaluación,
no hay señales de una política clara con respecto a la
periodicidad de las pruebas y su cobertura, entre otros aspectos.
Este punto debería tener una mayor prioridad en la agenda.
Incluso, se tendría que pensar en la reconstrucción del
Instituto de Desarrollo de la Calidad Educativa, disuelto durante
la gestión de Giannetasio (Graciela), que es una función
típica de los ministerios de educación nacionales. Creo que se
deberían dar señales más fuertes, institucionales y claras con
respecto a la evaluación, tanto a nivel internacional como
nacional. Tenemos que saber qué esta pasando a lo largo del
tiempo: ¿nos estamos alejando del mundo o nos estamos acercando?
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¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de la Ley de
Financiamiento Educativo?
Como el proyecto completo no se conoce, mis opiniones son
provisorias. Ahora bien, creo que la posibilidad de sancionar esta
ley es una oportunidad única que debe aprovecharse. Sería
fundamental poder implementar el Art. 75 inc. 3 de la Constitución
Nacional, porque los recursos saldrían de la masa coparticipable a
una cuenta especial. Sin embargo, para que ello funcione bien en cada
jurisdicción debería crearse un Consejo de Seguimiento de la Ley,
en el que participen el Poder Ejecutivo de cada provincia, las
legislaturas, los maestros y profesores, pero también los padres,
porque si no, hay un gran riesgo de que los recursos no se destinen
al sistema educativo o no se inviertan bien.
Con respecto a las metas, con las cuales concuerdo en términos
generales, considero que en algunas de ellas habría que garantizar
que se empiece por las poblaciones más pobres, por ejemplo en
cuestiones como la doble jornada o en la extensión de las salas de
cuatro. En caso contrario, existe el peligro de que se perpetúe la
situación actual, es decir, escuelas pobres para pobres.
En materia de docentes, habría que aspirar a una nueva carrera
docente de acceso obligatorio para los nuevos maestros y profesores,
y voluntario para los viejos, con derechos, obligaciones e incentivos
diferentes a los actuales, otorgándole mayor énfasis a la
capacitación genuina, a los logros y al presentismo, entre otras
cosas.
El último punto que remarcaría es el del financiamiento
universitario. Debería considerarse la posibilidad de implementar
algún sistema parecido al de Australia, en donde el 40% de los
recursos provienen de contribuciones de los graduados: los
estudiantes contraen una deuda que se paga recién cuando comienzan a
pagar el Impuesto a las Ganancias.
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¿Sabía usted que en la Argentina el gasto público en
educación con respecto al Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó
su máximo valor en el año 2001 con 4,9% del PBI, mientras que
en los países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo (OCDE) era en promedio de 5,3%, y en Chile y Brasil de
4,4%?
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A partir de allí, la inversión pública
en educación de nuestro país aumentó en menor proporción que el
crecimiento del PBI y, según la información oficial disponible, en
2003 alcanzaba sólo el 3,8% del PBI.
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| Los títulos y resúmenes seleccionados son estractos de los diarios citados y no involucran la opinión ni
suponen la corroboración informativa por parte del equipo de CIPPEC. |
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La Ley de Financiamiento Educativo
Calculadora en mano, el ministro de Educación se reunió con
la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para analizar el
proyecto de Ley de Financiamiento. A cuatro meses de las
elecciones queda mucha tela por cortar. La coincidencia básica
es la necesidad de incrementar la inversión consolidada –Nación
y provincias–, después empiezan las diferencias: el Gobierno
aspira al 6 % del Producto Bruto Interno mientras que el gremio
plantea ese porcentaje como piso y, lo más complejo de resolver,
es cómo garantizar que un incremento de los recursos se destinen
efectivamente a la educación.
Ver nota |
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Claves de la jubilación de docentes e
investigadores
En vigencia parcial desde mayo. Incluye a docentes de colegios
universitarios, porque son servicios de enseñanza media. Desde
mayo, parcialmente rigen los regímenes de jubilación para los
docentes e investigadores científicos y tecnológicos. Como se
plantean muchos interrogantes, Clarín consultó a los
especialistas de la ANSeS.
Ver nota |
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Faltan técnicos en el
sector industrial
Informe del Indec advirtió la escasez de personal técnico
idóneo: mecánicos, electricistas y especialistas en controles
de calidad, y también cuando se buscaron ingenieros en distintas
especialidades. Eso ocurrió tanto en los cargos de mayor
jerarquía como en los puestos de calificación menor.
Ver nota |
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Hay conflicto docente en todo el país
Maestros de 11 provincias están en situación de conflicto
por cuestiones salariales o profesionales, lo cual se refleja en
múltiples paros y movilizaciones organizados en el marco de un
debate por una ley de financiamiento para la educación. La
Rioja, Mendoza, Chaco, La Pampa, Buenos Aires, San Luis,
Corrientes, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba
son las provincias donde los docentes rechazan las políticas
educativas o salariales que se implementan en esos territorios.
Ver nota
(Documento propio ya que Crónica no posee
archivo) |
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Definen cómo será el canal de TV educativo
El Gobierno anunció que será lanzado en marzo: la señal
saldrá por cable y por televisión satelital; el 50% de la
producción será local y algunos programas se darán por Canal
7. La propuesta provino del Estado: en marzo de 2006 habrá en el
aire una TV educativa.
Ver nota |
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La meta es el 6% del PBI Los empresarios
apoyan una mayor inversión educativa
Filmus explicó el plan de financiación. Se trata del
proyecto de ley que enviará en julio al Congreso. La propuesta
obliga al Gobierno y a las provincias a sumar $ 9000 millones
más a los recursos actuales. El ministro de Educación, Daniel
Filmus, recibió ayer entusiastas felicitaciones luego de
presentar los lineamientos del proyecto de ley de financiamiento
educativo ante más de medio centenar de representantes de
cámaras y asociaciones empresariales.
Ver nota |
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Filmus y los docentes elaboran una ley de
financiamiento
Acuerdo con los principales gremios. El Gobierno, a través
del ministro de Educación, Daniel Filmus, y los cuatro gremios
docentes más importantes acordaron ayer elaborar un proyecto de
Ley de Financiamiento Educativo. El proyecto deberá estar listo
en 30 días y aunque no trascendió la letra chica del acuerdo
entre las dos partes, sirvió para abrir el diálogo entre Filmus
y dirigentes de CTERA, SADOP, AMET y UDA. Esta ley pretende
convertirse en una garantía para acabar con las desigualdades
educativas.
Ver nota |
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Portal Educar - 23/05/2005
Filmus se
reunió con a la Asociación Empresaria Argentina
El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel
Filmus, la directora del Instituto Nacional de Educación
Técnica, María Rosa Almandoz, y el presidente de la Asociación
Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani, se reunieron hoy con
representantes de las empresas nucleadas en esa entidad.Durante
el encuentro, el titular de la cartera educativa señaló que “hay
dos puntos de interés común entre las empresas y las escuelas
técnicas”. Filmus destacó “la necesidad de formar cuadros
técnicos para la producción, que en muchas áreas comienza a
ser un cuello de botella para mantener el crecimiento”.
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Maestros de todo el país paran por primera
vez en la gestión Kirchner
Reclamos de docentes y estudiantes: marchan hoy a plaza de
mayo: la medida fue convocada por CTERA para exigir una ley que
eleve la inversión educativa al 6% del PBI. Se suma a la huelga
de profesores universitarios. En total, quedarían afectados 12
millones de alumnos.
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En los últimos 10 años, aumentó 25,3% la
cantidad de docentes
Resultados del Censo Nacional de Docentes 2004 del Ministerio
de Educación: El informe reveló que siete de cada diez docentes
trabaja en el sector estatal. En una década donde creció la
desocupación y cayeron mucho los sectores productivos, creció
en 25,3% el número de docentes, que pasaron de ser 655.750 en
1994 (en el área de la educación formal de todo el país) a
821.726, y un total de 826.536 a fines del 2004, entre maestros,
preceptores, supervisores, directivos, entre otros.
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| Los títulos y resúmenes seleccionados son estractos de los diarios citados y no involucran la opinión ni
suponen la corroboración informativa por parte del equipo de CIPPEC. |
Catamarca - El Ancasti - 29/06/2005
Asumió Galera como nuevo titular del área
de Educación
Mediante el Decreto Nº 1.063, el Gobernador puso ayer en
funciones al nuevo ministro de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, el ingeniero agrónomo Eduardo Galera, con quien se
cubre la vacante dejada por la saliente ministra María Isabel
Acuña, quien durante un acto en el Salón de Acuerdos se
despidió de la gestión.
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Chaco - Primera Línea - 28/06/2005
Continúa el conflicto educativo
Hoy comienzan las actividades programadas por los tres
sindicatos docentes -Atech, Sitech Federación y Utre Ctera- en
el marco del paro por tiempo indeterminado que transcurre su
tercera semana, en reclamo de una recomposición salarial. Por
ese motivo, hoy marcharán a la Cámara de Diputados de la
provincia para reclamar que se traten las leyes educativas.
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(Documento propio ya que Primera Línea no posee
archivo) |
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La Rioja - Clarín -22/06/2005
Luego de 45 días, hay clases en La Rioja
Después de 45 días de paro, los docentes de los
departamentos de Chilecito y Famatina regresaron ayer a las
escuelas a dictar clases. La Multisectorial que nuclea a los
maestros de los dos departamentos riojanos mantenía una
durísima medida de fuerza en demanda de mejores salarios. La
huelga docente y de otros trabajadores públicos estaba
fundamentalmente dirigida a lograr un incremento salarial de 250
pesos al sueldo básico. El Gobierno provincial desoyó el pedido
y otorgó 120 pesos al salario de bolsillo, que fueron rechazados
por los sindicatos.
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Córdoba - La Voz del Interior -
21/06/2005
Amplían jornada escolar para 23 mil chicos
Más de 23 mil niños de toda la provincia que cursan la
primaria en escuelas de gestión pública y privada se sumarán,
a partir de agosto, a los siete mil alumnos que ya gozan de una
extensión en su jornada escolar. La ministra de Educación,
Amelia López, anunciará hoy la innovación que beneficiará a
67 escuelas: 56 estatales y nueve privadas. La prolongación de
jornada se inscribe dentro de la propuesta pedagógica denominada
"Escuelas de jornada ampliada".
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Córdoba - La Mañana de Córdoba -18/06/2005
Abrupta caída del financiamiento educativo provincial
La asignación está muy lejos de los niveles que detentaba en
el 2001, antes de la crisis. La Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba (UEPC) presentó el jueves, al término de
la segunda jornada del paro de 48 horas, un trabajo de
investigación sobre "El sistema educativo cordobés y sus
resultados", que comprende el período 1996-2005. El estudio
abarca el financiamiento público de todos los niveles de la
educación y también los programas para adultos.
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Formosa - Portal de Noticias - 10/06/2005
Docentes suplentes reemplazarán a sus pares
que no cumplan con su actividad
El ministro de Cultura y Educación, Gilberto Bandeo, mostró
una postura intransigente frente a los gremios docentes que optan
por suspender las clases como forma de protesta. Al referirse a
los paros de actividades del sector que realizan algunos gremios,
dijo que recientemente dispuso directivas para que todos
"los docentes que no cumplan con su actividad sean
reemplazados por los suplentes" y añadió que en la
provincia "hay más de 4.000 docentes sin cargo que esperan
trabajar y ocuparán el lugar de los que no trabajen".
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Tierra del Fuego- Provincia 23- 06/06/2005
Oscar Lasalle: cambios y confirmaciones para
la gestión
El designado ministro de Educación, Oscar Lasalle, se
refirió a las características que le imprimirá a su gestión.
Aseguró que habrá diálogo con el Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y dijo que se debe
priorizar el tema del estatuto en las paritarias. Señaló que se
trabajará sobre las mismas "líneas conceptuales",
aunque admitió la posibilidad de cambios en el equipo.
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Neuquén- Clarín- 01/06/2005
Neuquén: la Policía reprimió a docentes
Violencia frente a la casa del gobierno provincial.
Desalojaron una carpa de maestros y la arrastraron por las calles
con una grúa. Dos manifestantes resultaron heridos con balas de
goma. La Policía de la provincia desalojó violentamente una
carpa que los docentes habían instalado ayer frente a la Casa de
Gobierno, para exigir la conformación de una mesa de
negociación salarial. Durante la represión hubo enfrentamientos
entre policías y manifestantes. Los gremialistas denunciaron que
dos maestros resultaron heridos por disparos con balas de goma.
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Buenos Aires - Diario Hoy - 30/03/2005
La mitad de los menores de 5 años no va al
jardín de infantes
La situación genera inquietud porque especialistas aseguran
que la educación inicial es clave para el desarrollo intelectual
de los chicos. En las salas de cuatro y tres años, la cobertura
es del 44 y 15 por ciento en todo el país. La mitad de los
niños menores de cinco años no asiste al jardín de infantes
según recientes sondeos oficiales. Sin embargo, los
especialistas afirman que la educación inicial es clave para el
desarrollo intelectual y emocional de los pequeños y, a futuro,
garantiza un mejor desempeño escolar.
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Mendoza - Los Andes - 02/05/2005
En la Dirección General de Escuelas ya
estudian cómo dar marcha atrás con los cambios
No se esperaba otra reacción. Apenas los directores se
enteraron de que un dictamen de la Justicia los obliga a dar
marcha atrás con los cambios curriculares realizados en 8vo y
9no año, empezaron a llover los llamados y las protestas a la
Dirección General de Escuelas (DGE). El alud de preguntas no es
lo peor, sino que las respuestas no son nada alentadoras. Pese a
que el gobierno escolar confía en tener éxito con su
apelación, sus técnicos ya estudian las estrategias que
aplicarán para volver al antiguo programa de la EGB3 con el
menor perjuicio posible para los alumnos.
Ver
nota |
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Publicaciones recientes
- Ortiz, Constanza; Catalano
Dupuy, Natalia: Aprender desde el Arte, Papers
Editores, Argentina, 2005
- CTERA-CNTE-COLEGIO DE
PROFESORES - AFUTU - FENAPES-LPP: Las reformas educativas en
los países del Cono Sur. Un balance crítico, Argentina, 2005
- Larrosa, Jorge; Skliar, Carlos
(coords.): Entre Pedagogia y Literatura, Miño y Davila,
Argentina, 2005
- Frigerio, Graciela; Dicker,
Gabriela (comps.): Educar: ese acto político, Del Estante,
Argentina, 2005
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Eventos
- 10º FORO por el Fomento del
Libro y la Lectura "Nuevas estrategias para un país en
el que todos lean". Organizado por la Fundación Mempo
Giardinelli. En el Teatro Guido Miranda, de Resistencia,
Chaco. Del 17 al 20 de agosto de 2005. Entrada libre y
gratuita. Inscripción: $25 para quienes deseen certificación
de asistencia y/o cursar algunos de los 17 talleres que se
ofrecen. Para más información cliquee
aquí.
- Coloquio Interdisciplinario
"Educación, Sexualidades y Relaciones de Género.
Investigaciones y Experiencias", organizado por el
Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A
realizarse los días 4, 5 y 6 de agosto en la sede de Puán
480. Para informes e inscripción cliquee
aquí.
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Hacemos Estados de la Educación:
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Equipo: Alejandro Vera Mohorade, Victoria Gessaghi, Paola Llinás, Claudia Composto y Martín Quinteros.
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Edición: Laura Zommer.
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