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EDITORIAL La escuela y la selección social Los exámenes de selección de ingreso en las escuelas nacionales son expresiones de una ficción meritocrática, que supone justicia en las oportunidades pero en realidad cristaliza las desigualdades sociales de origen. La educación pública se define no sólo por la gratuidad sino también por la libertad de acceso, que establece el desafío de educar a todos, respetando los títulos oficiales otorgados por las escuelas primarias de todo el país. Pocas semanas atrás se difundió una reforma en los exámenes de ingreso del colegio nacional Carlos Pellegrini, que establecía mayores calificaciones para aspirar al acceso. Más allá de que el vínculo no sea directo, esto ocurre luego de un año donde bajó la cantidad de aspirantes y el 87% de los alumnos que se presentaron al examen terminó ingresando. La respuesta de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires parece indicar que es necesario elevar el muro ante la amenaza de que muchos estén logrando saltarlo. Los colegios de las universidades nacionales expresaron desde sus orígenes el tipo ideal del modelo de escuela secundaria de nuestro sistema educativo. Si la educación secundaria tenía la misión de la selección social de los más aptos, los colegios de las universidades representaban el grado máximo de la meritocracia. Allí debían formarse las elites gobernantes, los ilustrados que por efecto derrame garantizarían luego la democratización de la población. Este modelo expresa, como lo supo ver la sociología crítica de la educación hace ya 40 años, la ficción de la meritocracia. Supuestamente la justicia en los exámenes establece la igualdad de derecho para que triunfen los más aptos. Pero ya a esta altura es obvio que esa “aptitud” está determinada por las condiciones socioeconómicas de origen. La ficción del examen justo esconde que sólo puedan pasarlo quienes tienen un extraordinario apoyo cultural y/o económico en el hogar. Hace 100 años esa ficción respondía a un régimen político de ciudadanía restringida. Ahora, en cambio, ese modelo de escuela entra en directa contradicción con los mandatos del proceso creciente de democratización social. Ya el retorno a la democracia en 1983 se encargó de eliminar los exámenes de ingreso a muchas escuelas secundarias, que habían sido instalados durante la última dictadura militar. Más aún, la reciente Ley de Educación Nacional estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, como nivel básico para la participación ciudadana del conjunto de la población. Los colegios que todavía toman exámenes de ingreso funcionan en un principio de aislamiento del sistema educativo nacional. Establecen que no reconocen los títulos de los alumnos de escuelas primarias y que sus propias reglas están por encima del principio de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y, más aún, del carácter público de la educación. La definición de una escuela pública no viene dada sólo por la gratuidad, sino también por la garantía del libre acceso. Algunos colegios de universidades nacionales ya reconocieron ese principio y establecieron el mecanismo del sorteo para el ingreso con posteriores cursos de apoyo a los estudiantes para lograr una educación de excelencia e incluyente. Unas pocas escuelas secundarias en todo el país, sin embargo, persisten en los sistemas de examen de ingreso y selección social de los más aptos. La calidad académica que ofrecen los colegios de universidades nacionales es elogiosa, pero cuando se basa en sistemas de selección social funciona sobre los principios de una escuela privada. Incluso en algunos casos se establecen normas internas que prohíben la inscripción de los repitentes. Es decir que las dificultades de aprendizaje son “descartadas” para que se hagan cargo las “otras” escuelas públicas, las que aceptan a todos. Una escuela pública es justamente aquella que acepta el desafío de educar a todos. Así ocurre con los miles de docentes ignotos que trabajan día a día en las escuelas sin ingreso selectivo, sin fronteras, donde la diversidad social los enfrenta con constantes desafíos pedagógicos. Si en los colegios selectivos los niveles de aprendizajes académicos son seguramente muy altos y valiosos, la enseñanza implícita de convivir con el principio de igualdad de derecho del resto de las escuelas verdaderamente públicas es quizás un aprendizaje más indeleble.
EDITORIAL
La escuela y la selección social
Los exámenes de selección de ingreso en las escuelas nacionales son expresiones de una ficción meritocrática, que supone justicia en las oportunidades pero en realidad cristaliza las desigualdades sociales de origen. La educación pública se define no sólo por la gratuidad sino también por la libertad de acceso, que establece el desafío de educar a todos, respetando los títulos oficiales otorgados por las escuelas primarias de todo el país.
Pocas semanas atrás se difundió una reforma en los exámenes de ingreso del colegio nacional Carlos Pellegrini, que establecía mayores calificaciones para aspirar al acceso. Más allá de que el vínculo no sea directo, esto ocurre luego de un año donde bajó la cantidad de aspirantes y el 87% de los alumnos que se presentaron al examen terminó ingresando. La respuesta de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires parece indicar que es necesario elevar el muro ante la amenaza de que muchos estén logrando saltarlo.
Los colegios de las universidades nacionales expresaron desde sus orígenes el tipo ideal del modelo de escuela secundaria de nuestro sistema educativo. Si la educación secundaria tenía la misión de la selección social de los más aptos, los colegios de las universidades representaban el grado máximo de la meritocracia. Allí debían formarse las elites gobernantes, los ilustrados que por efecto derrame garantizarían luego la democratización de la población.
Este modelo expresa, como lo supo ver la sociología crítica de la educación hace ya 40 años, la ficción de la meritocracia. Supuestamente la justicia en los exámenes establece la igualdad de derecho para que triunfen los más aptos. Pero ya a esta altura es obvio que esa “aptitud” está determinada por las condiciones socioeconómicas de origen. La ficción del examen justo esconde que sólo puedan pasarlo quienes tienen un extraordinario apoyo cultural y/o económico en el hogar.
Hace 100 años esa ficción respondía a un régimen político de ciudadanía restringida. Ahora, en cambio, ese modelo de escuela entra en directa contradicción con los mandatos del proceso creciente de democratización social. Ya el retorno a la democracia en 1983 se encargó de eliminar los exámenes de ingreso a muchas escuelas secundarias, que habían sido instalados durante la última dictadura militar.
Más aún, la reciente Ley de Educación Nacional estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, como nivel básico para la participación ciudadana del conjunto de la población. Los colegios que todavía toman exámenes de ingreso funcionan en un principio de aislamiento del sistema educativo nacional. Establecen que no reconocen los títulos de los alumnos de escuelas primarias y que sus propias reglas están por encima del principio de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y, más aún, del carácter público de la educación.
La definición de una escuela pública no viene dada sólo por la gratuidad, sino también por la garantía del libre acceso. Algunos colegios de universidades nacionales ya reconocieron ese principio y establecieron el mecanismo del sorteo para el ingreso con posteriores cursos de apoyo a los estudiantes para lograr una educación de excelencia e incluyente. Unas pocas escuelas secundarias en todo el país, sin embargo, persisten en los sistemas de examen de ingreso y selección social de los más aptos.
La calidad académica que ofrecen los colegios de universidades nacionales es elogiosa, pero cuando se basa en sistemas de selección social funciona sobre los principios de una escuela privada. Incluso en algunos casos se establecen normas internas que prohíben la inscripción de los repitentes. Es decir que las dificultades de aprendizaje son “descartadas” para que se hagan cargo las “otras” escuelas públicas, las que aceptan a todos.
Una escuela pública es justamente aquella que acepta el desafío de educar a todos. Así ocurre con los miles de docentes ignotos que trabajan día a día en las escuelas sin ingreso selectivo, sin fronteras, donde la diversidad social los enfrenta con constantes desafíos pedagógicos. Si en los colegios selectivos los niveles de aprendizajes académicos son seguramente muy altos y valiosos, la enseñanza implícita de convivir con el principio de igualdad de derecho del resto de las escuelas verdaderamente públicas es quizás un aprendizaje más indeleble.
