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Camino a
los territorios: debate por la Ley de Educación de la Provincia de
Buenos Aires
El gobierno bonaerense abrió un espacio de consulta
para la discusión social de un anteproyecto de ley que determinará el
destino de un tercio de los alumnos del país, que asisten a
establecimientos educativos de la provincia; se trata de un proyecto que
pretende extender el significado y la práctica del derecho a la
educación establecidos en 2006 por la Ley de Educación Nacional, con una
serie de adecuaciones novedosas e interesantes para conocer y debatir.
El
escenario de las batallas: la electoral, la presupuestaria, la sindical
y la policial
Con el ministro Filmus candidateado a jefe
de Gobierno porteño y en medio de una campaña con impacto nacional, hubo
fuerte conflictividad docente en los últimos meses en tres provincias
cuyos gobiernos comparten la característica de concentración de poder;
en Neuquén un docente fue asesinado y se perdieron 51 días de clases; en
Santa Cruz renunció el gobernador Sancho y los chicos perdieron 44 días
y, en Salta, no hubo 32. Meta de
financiamiento cumplida
Resumen de noticias
Resumen de noticias
Publicaciones recientes y eventos
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I-Entre
Ríos: el censo escolar como política de Estado
Este año, la
provincia cumplirá con la realización bienal del relevamiento sobre la
totalidad de la población cuya edad corresponde al período de
obligatoriedad escolar, algo institucionalizado por una ley de 1939; con
esta práctica, el distrito ha logrado algo inusual en la Argentina: que
una política educativa perdure y resista los cambios de gestión y signo
político partidarios.
II-Tucumán:
el idioma inglés como segunda lengua
Es el segundo
distrito, luego de la ciudad de Buenos Aires, que implementa un sistema
para universalizar la enseñanza de una segunda lengua, una de las metas
establecidas en la Ley de Educación Nacional; superar la escasez de
docentes de inglés es uno de los desafíos de este programa, que brindará
un mínimo de 80 minutos semanales del idioma para los chicos que cursan
el segundo año de la EGB.
III-Formosa: un ciclo lectivo marcado por el
conflicto docente
Dos de los gremios
provinciales implementaron a comienzos del año un plan de lucha en
reclamo de un sueldo básico de $ 1200 y la eliminación de todas las
sumas en negro, que componen el 50 por ciento del salario; el resto de
los gremios, agrupados en la intersindical docente, que tiene mejor
vínculo con el Poder Ejecutivo formoseño, ha adoptado una postura más
conciliadora; cuestiones socioeducativas, económicas y políticas ayudan
a entender el conflicto.
La
presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca
Osuna (FPV-Entre Ríos), analiza el marco normativo de la Educación y los
desafíos para su cumplimiento.
Destaca la voluntad
política de arribar a consensos y priorizar este tema para superar la
pobreza; adelanta que la Ley de Coparticipación Federal merece ser
replanteada.
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Camino a los territorios: debate por la Ley de
Educación de la Provincia de Buenos Aires El amplio y
publicitado debate en torno de la Ley de Educación Nacional Nº
26.206 durante el año 2006 comienza a tener su correlato en los
territorios provinciales, donde se gestionan los sistemas
educativos. La provincia de Buenos Aires es la primera en abrir
un espacio de consulta para la discusión social de un
proyecto de Ley de Educación Provincial, enmarcado en la Ley
26.206. Sin embargo, poca trascendencia ha tenido esta discusión
en los medios de comunicación nacionales, ocupados por las
coyunturas electorales. Esto contradice un factor central de
este proyecto: dadas las atribuciones que tienen las
jurisdicciones en materia educativa y las dimensiones de la
provincia de Buenos Aires (donde asisten un tercio de los
alumnos del país), quizás esta ley sea más determinante para el
destino educativo de millones de alumnos que la propia ley
nacional.
Las autoridades de la provincia definieron un esquema de
discusión similar al adoptado por el gobierno nacional. Primero
se implementó una consulta abierta, basada en la realizada
durante el año 2006 para la Ley Nacional y renovada durante los
meses de marzo a junio de 2007 en diversos ámbitos de la
comunidad educativa bonaerense. Luego, se presentó el proyecto
de Ley en la Legislatura provincial, buscando su rápida sanción
a partir de los amplios consensos logrados previamente. Ese
proyecto está disponible y se recomienda su lectura y discusión,
especialmente a la ciudadanía bonaerense.
Se trata de un texto legal muy extenso, detallado y
fundamentado, que contiene y amplía los avances en el paradigma
integral del derecho a la educación que manifiesta la Ley de
Educación Nacional. Su estructura se adecua y continúa la de la
Ley 26.206, pero también la extiende y la adapta a la realidad
local. Un ejemplo de ello es la creación explícita de una serie
de modalidades educativas que van más allá de las enumeradas en
la ley nacional y abren fecundos interrogantes acerca de su
capacidad de penetración y complementariedad en el sistema. Nos
referimos en particular a las modalidades de “psicología
comunitaria y pedagogía social” y “educación ambiental”, que
abren espacios novedosos de intervención educativa.
Otras novedades importantes del texto legal propuesto son la
extensión de la obligatoriedad escolar a la sala de 4 años (en
la Ley Nacional el Estado garantiza la universalización pero no
establece la obligatoriedad); la estructura de niveles basada en
seis años de primaria y seis de secundaria; y la enseñanza
obligatoria de un idioma extranjero en todas las escuelas
primarias y secundarias de la provincia. Estas definiciones
implicarán una fuerte carga presupuestaria y una continuidad con
la reestructuración de los niveles del sistema educativo luego
de la reforma impuesta por la Ley Federal de Educación en los
años noventa.
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El Título III y los primeros dos capítulos del Título V del
proyecto refieren al gobierno de la educación, sumando 43 artículos
sobre este tema. Esta cifra demuestra la importancia que tienen las
atribuciones concretas del gobierno de la educación en el orden
político provincial, a diferencia del espacio dedicado a esta
temática en la Ley de Educación Nacional, donde no existen
atribuciones tan directas en relación con las realidades
cotidianas de las instituciones educativas.
Entre las numerosas definiciones del gobierno de la educación se
destacan distintos avances democratizadores, pero no se observa un
claro carácter colegiado en la conformación del Consejo General de
Cultura y Educación, ni se hace mención a la reformulación y puesta
en marcha de los consejos de escuela, como entidades capaces de
promover la participación democrática dentro de las instituciones
educativas. Las necesidades de gobernabilidad de una provincia
inmensa y en muchos sentidos inmanejable, parecen ser prioridad en
el mandato legislativo propuesto.
En relación con el sector privado no se notan modificaciones
significativas. Incluso el proyecto presentado eliminó la figura
presente en el anteproyecto discutido en las escuelas que establecía
una distinción entre las escuelas “públicas de gestión privada”, que
reciben aportes estatales, y las “particulares”, que no los reciben.
En este capítulo específico tampoco se observan avances en el camino
de garantizar mecanismos más transparentes y de acceso público en la
distribución de los subsidios públicos a las escuelas del sector
privado.
Otro punto importante del proyecto se encuentra en el capítulo
referido al financiamiento educativo. Allí se crean una serie de
nuevos impuestos con asignación específica a Educación, que
garantizan un 5% de la recaudación del juego en los casinos
provinciales (un impuesto que ya existía); una contribución especial
en la liquidación de pagos atrasados de impuestos automotores e
inmobiliarios; y un impuesto a definir en la reglamentación referido
a la transmisión gratuita de bienes (por ejemplo, herencias).
En definitiva, se trata de un proyecto que pretende extender el
significado y la práctica del derecho a la educación en la provincia
de Buenos Aires, con una serie de adecuaciones novedosas e
interesantes para conocer y debatir. Pese al silencio que parece
reinar sobre este debate (en comparación con la Ley de Educación
Nacional), el sistema educativo con mayor cantidad de alumnos del
país está entrado en una etapa de importante renovación. La base
legal será el germen de un enorme desafío para la política educativa
provincial, que afectará el destino de millones de niños, niñas,
jóvenes y adultos expectantes.
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El escenario de las batallas: la electoral, la
presupuestaria, la sindical y la policial
Durante los últimos meses la política educativa argentina
estuvo marcada por una fuerte conflictividad, que esta vez
traspasó las barreras de las negociaciones sindicales a través
de paros o manifestaciones pacíficas. Por un lado, debido
fundamentalmente a que este año electoral tiene al propio
ministro de Educación nacional, Daniel Filmus, como candidato
por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las
contiendas excedieron lo propiamente educativo para pasar a la
arena de lo político-partidario. Por otro, los conflictos
cruzaron las fronteras de lo provincial para protagonizar la
agenda nacional.
En un escenario de gran crecimiento económico, con una
reciente Ley de Financiamiento Educativo legitimada por el
sector sindical y con anuncios de aumentos salariales para todo
el país por parte del gobierno nacional (un viejo reclamo de
CTERA desde que se provincializó el sistema educativo y, por
ende, las discusiones salariales), el contexto parecería no ser
propicio para la profundización de los conflictos docentes. Sin
embargo, no solamente el año comenzó con la paralización de las
clases en 12 provincias (frete a siete del año pasado), sino que
en algunos casos la escalada en los conflictos mostró altas
dosis de belicosidad, con el extremo de la provincia de Neuquén,
donde la represión policial provocó el asesinato del docente
Carlos Fuentealba.
Tres han sido las provincias que mostraron esta tendencia,
dos férreas opositoras al gobierno nacional (Neuquén y Salta) y
la propia casa del presidente Néstor Kirchner (Santa Cruz). No
parece casual que en los tres distritos la cultura política se
haya caracterizado en las últimas décadas por una creciente
concentración de poder en manos de los gobernadores. En primer
lugar, en Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) es el
partido hegemónico que, desde hace más de 40 años, gobierna
ininterrumpidamente la provincia. Jorge Sobisch, que había sido
gobernador en la primera mitad de la década de los noventa,
retornó al poder en 1999 para un segundo mandato y, luego en
2002, para un tercero. En segundo lugar, en Salta, el partido
justicialista goza de un predominio absoluto, llevando al poder
primero a Roberto Romero en la década del ochenta y luego a su
hijo Juan Carlos desde 1996. Por último, en Santa Cruz, Kirchner
gobernó ininterrumpidamente durante más de 20 años, hasta 2002,
cuando alcanzó la Presidencia de la Nación y dejó el mando en
manos de allegados políticos.
En estos contextos de fuerte concentración de poder, los
sindicatos docentes, que representan un sector amparado por
estatutos que garantizan la estabilidad laboral y una relativa
independencia del poder político, parecen ser de los pocos que
pueden ofrecer una oposición al gobierno e implementar medidas
de fuerza en las negociaciones. Pero estas medidas deben
enfrentarse con gobiernos confrontativos y rígidos en el manejo
de los conflictos, lo cual (sumado en algunos casos a la propia
intransigencia de los dirigentes sindicales) provoca una
escalada en la violencia de los enfrentamientos y un
endurecimiento creciente de las posiciones de las partes. Esta
dinámica dificulta el arribo a acuerdos negociados pacíficamente
y atenta directamente contra el derecho a la educación de los
niños/as.
También cabe destacar otro dato que ayuda a contextualizar
estos conflictos: Neuquén y Santa Cruz son dos jurisdicciones
petroleras, beneficiadas por la coparticipación, que disponen de
los recursos necesarios para afrontar las demandas de los
docentes. El problema en estos casos no pareciera ser económico,
sino político: una puja de fuerzas para ver quien “es más
fuerte” o quien, según las palabras del propio Kirchner
refiriéndose a su provincia, “tuerce el brazo”. Salta es un caso
diferente, en el sentido de que es una provincia pobre pero que
tendría algún margen para aumentar los salarios debido a su bajo
porcentaje del gasto total dedicado a educación. |
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| Los días de clase perdidos a raíz de estos
enfrentamientos no son pocos: en Neuquén fueron 55, en Santa Cruz 41
y en Salta 32. A diferencia de lo que sucedió en el año 2002 en
provincias como Entre Ríos y San Juan, que sufrieron más de 40 días
sin clase, en esta oportunidad los reclamos no fueron por el pago a
término y en pesos de los salarios, sino más bien por la
incorporación de componentes no remunerativos al básico o por
aumentos en el sueldo de bolsillo. Otra diferencia radica en la
actitud del gobierno nacional: mientras que este año electoral
reiteró que los conflictos eran provinciales, en aquella oportunidad
la resolución de los conflictos docentes fue uno de los primeros
actos de gobierno.
Pero el intento del gobierno nacional de quedar al margen de las
contiendas salariales no pudo concretarse. En el caso de Neuquén,
Sobisch acusó directamente al ministro Filmus de haberlo provocado
al anunciar un aumento salarial que las provincias no podían pagar
como parte de su campaña electoral, a lo que el ministro respondió
con la siguiente frase: “El conflicto en la provincia no es
educativo, es policial”. A su vez, el asesinato del docente
Fuentealba repercutió en el país, con declaraciones de gobiernos,
manifestaciones y huelgas en todas las provincias. En Santa Cruz,
por su parte, la nacionalización del conflicto se hizo en forma
institucional: ante la incapacidad (o imposibilidad) del gobernador
de poder llegar a un acuerdo con el sindicato docente, el Ministerio
de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y Filmus tuvo que
formar parte de las negociaciones. La contienda culminó con la
renuncia del gobernador Carlos Sancho, lo cual demostró una vez más
que el sector docente es uno de los pocos que puede poner en jaque
el poder de los gobernadores en provincias monolíticas.
Sancho no fue el único que dimitió a raíz de la lucha sindical: a
diferencia de lo que sucediera en los noventa, cuando los ministros
de Economía o Hacienda llevaban a cabo los ajustes presupuestarios
que en muchas oportunidades provocaban la renuncia de los titulares
de la cartera educativa, durante este año en dos provincias –Tierra
del Fuego y Provincia de Buenos Aires- fueron los ministros de
Economía los que se retiraron del cargo luego de que los respectivos
gobernadores acordaran con los sindicatos aumentos que ellos habían
denegado en un primer momento. Este giro en el balance de poder
dentro de los gobiernos provinciales es el resultado de una
concatenación de fuerzas que empujan por una mayor inversión
educativa, desde la existencia de una Ley de Financiamiento
Educativo, hasta la candidatura de Filmus por el gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, o la disponibilidad de recursos adicionales
gracias al superavit fiscal.
Mientras tanto, el sistema educativo debe seguir funcionando. Hay
dos leyes estructurales que deben implementarse, la de Educación
Nacional y la del Financiamiento Educativo y, para ello, el gobierno
nacional inauguró el Instituto Nacional de Formación Docente y está
firmando acuerdos bilaterales con las provincias. En el ámbito
local, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó ante la
Legislatura el proyecto de Ley de Educación Provincial, luego de un
debate similar al coordinado por el gobierno nacional, y en varias
provincias se empezó a discutir la necesidad de seguir el mismo
camino. En otros casos, aún sin una legislación actualizada, se
emprendieron acciones para cumplir con la Ley de Educación Nacional,
como Tucumán que introdujo la enseñanza del inglés en todas las
escuelas primarias, o Entre Ríos, que está llevando el secundario a
las zonas rurales. Así, aparecen dos tendencias paralelas: por un
lado, la conflictividad en el sector, con trascendencia partidaria,
policial y nacional; por otro, las políticas educativas incipientes
de las provincias, en el marco de las leyes que orientarían las
acciones en los próximos años.
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I-Entre Ríos: el censo escolar como política
de Estado
Con la implementación continua y sistemática del censo escolar
durante los últimos años, la provincia de Entre Ríos ha logrado
algo pocas veces visto dentro del concierto provincial:
desarrollar una política educativa que perdure a lo largo del
tiempo, resistiendo los cambios de gestión y de signo político
partidario. Se trata, por otra parte, de una política sumamente
interesante en sí misma, ya que compone una fotografía de la
situación educativa de los niños/as entrerrianos,
constituyéndose así en una herramienta inigualable para el
diagnóstico de necesidades y problemáticas, la previsión de
futuros escenarios y la planificación de un proyecto integral
para el sector.
La institucionalidad de esta política es respaldada por la
Ley Nº 3.244 de 1939, que establece la realización bienal del
relevamiento sobre la totalidad de la población cuya edad
corresponde al período de obligatoriedad escolar. El último
censo, que incluyó a todos los niños/as de entre 5 y 14 años,
tuvo lugar a mediados de 2003. Según la normativa, el
relevamiento debería haberse realizado nuevamente en 2006, pero
la urgencia del conflicto docente que ocupó a la provincia
durante la segunda parte del año último y las presiones
presupuestarias, decidieron su postergación hasta junio del
actual. Saldada esta primera deuda, el censo 2007 dejará un
nuevo compromiso para dentro de dos años: extender el
relevamiento hasta los 17 años, haciéndose eco de un reiterado
reclamo del gremio docente, que además se ha tornado ineludible
con la extensión de la obligatoriedad escolar establecida por la
nueva Ley de Educación Nacional.
El objetivo principal del censo escolar es detectar la
cantidad de niños/as que se encuentran fuera del sistema
educativo (ya sea por deserción o porque nunca concurrieron) y,
lo que es aún más importante, las causas que han determinado
esos escenarios. También se obtienen la cantidad de niños/as
indocumentados y la cantidad de beneficiarios de becas. El
potencial estratégico del relevamiento radica en que todos estos
datos se cruzan por zona, permitiendo el diseño de políticas de
inclusión y retención a partir de un conocimiento preciso de las
problemáticas y de su distribución geográfica. Otro de los datos
importantes que el censo permite construir es una proyección del
crecimiento vegetativo de la población escolar, insumo
fundamental para prever el aumento de la matrícula en el nivel
inicial y planificar políticas que den respuesta a esta
situación.
No obstante, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre
Ríos (AGMER) se ha mostrado bastante escéptica con respecto al
destino que la actual gestión educativa dará a los resultados
del censo. Según Marta Madoz, secretaria adjunta del gremio, “se
trata de una herramienta sin duda útil y necesaria, pero que
pierde su potencial como insumo fundamental para la
planificación de política cuando no hay un proyecto integrador
que la encuadre y oriente”. Por otra parte, sostiene que la
labor de los docentes cencistas debería ser mejor remunerada
(cobran $50 por la tarea, igual que en 2003) y reconocida en
términos profesionales, a partir de un mayor acompañamiento
desde el nivel central.
Resulta auspicioso que el censo escolar en Entre Ríos haya
podido trasvasar los avatares de la coyuntura para convertirse
en una política de Estado. Conquistado este objetivo sumamente
destacable y poco usual en nuestro territorio, el próximo
desafío radica en garantizar que, ante cada nuevo relevamiento,
se lleve a cabo una exhaustiva evaluación del proceso de
implementación que permita realizar los ajustes necesarios (en
el instrumento de recolección de datos, el trabajo de campo, la
preparación de los cencistas, el procesamiento de la información
y la difusión de los resultados), y optimizar su real
aprovechamiento para la planificación de mejores políticas
educativas.
II-Tucumán: el idioma inglés como segunda
lengua
Desde marzo del actual funciona en Tucumán el proyecto “El
inglés va a la escuela”, en línea con la meta establecida por la
Ley de Educación Nacional de universalizar la enseñanza de una
segunda lengua en las escuelas argentinas.
El programa afecta a chicos que cursan el segundo año de la
Escuela General Básica (EGB), quienes reciben un mínimo de 80
minutos semanales de enseñanza de inglés como lengua extranjera.
El eje está puesto específicamente en el aprendizaje de ese
idioma –lo que despertó algún recelo en profesores
especializados en otras lenguas- , pero no se desestima que las
escuelas ofrezcan adicionalmente otros, bajo la modalidad de
talleres extracurriculares.
Con la implementación de este programa se pretende extender
el bilingüismo y fortalecer las competencias lingüísticas de los
niños/as y el respeto por otras identidades culturales. Al
considerar al inglés como una lengua franca, la meta es mejorar
el acceso de la sociedad tucumana al uso de las nuevas
tecnologías, preparar a las nuevas generaciones para la llamada
“sociedad del conocimiento” y a la provincia para su
participación en la economía global.
Actualmente, las autoridades se encuentran en proceso de
enfrentar una de las más importantes dificultades con las que se
deberá lidiar también en el resto de las provincias: la escasez
de docentes. Si bien la reglamentación dispone que quienes
asuman los cargos sean docentes especializados en la materia, en
la actualidad debieron cubrirse mediante excepcionalidades, por
las que se admitió que asumieran, por ejemplo, graduados |
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de academias de inglés sin título docente o docentes
especializados en otras disciplinas, pero con cierto dominio del
idioma. En ambos casos, el programa tomó la previsión de
reforzar su formación ofreciéndoles cursos de capacitación de
una duración de 40 horas.
De acuerdo con lo observado en otras experiencias –como el
caso de Chile- cabría la posibilidad de que, al pasar a ser ésta
una cuestión prioritaria, los profesorados de inglés reclutaran
una cantidad creciente de aspirantes; pero, en todo caso, se
trata de un proceso de largo plazo para el que es necesario
encontrar soluciones provisorias inmediatas.
El hecho de que la enseñanza del inglés en Tucumán se haya
masificado tan recientemente impide que puedan realizarse aún
evaluaciones a la luz de las cuales decidir el rumbo del
programa. Sin embargo, la falta de docentes es tan evidente que
además de las dos estrategias recién mencionadas, las
autoridades se comunicaron con Universidades e Institutos de
Formación Docente para solicitarles que reestructuren su oferta
de modo de ofrecer títulos intermedios –que habiliten la
docencia para EGB1 y 2-, a los fines de acelerar el proceso de
titulación de docentes con un perfil ajustado a la normativa.
Mientras tanto, la provincia resulta pionera -sólo antecedida
por la ciudad de Buenos Aires con su Programa de Escuelas
Plurilingües y por los programas de educación intercultural
bilingüe desarrollados por el Ministerio nacional-, y su
iniciativa siembra expectativa sobre las acciones que
desarrollarán los otros distritos a partir del impulso dado por
la Ley de Educación Nacional.
III-Formosa: un ciclo lectivo marcado por el
conflicto docente
Desde el inicio del ciclo lectivo 2007, la provincia de
Formosa ha sido escenario de reiterados conflictos gremiales que
han empañado su desarrollo. La Agremiación Voz Docente, junto
con el Gremio de Docentes Autoconvocados, ha implementado un
plan de lucha en reclamo de un sueldo básico de $1200 y de la
eliminación de todas las sumas fijas y en negro que hoy componen
el 50% del sueldo docente. En respuesta a los reclamos, el
Ministerio de Educación provincial otorgó un aumento de $200 a
todos los docentes.
Esta coyuntura tiene la particularidad de que haya dos
gremios implementando un plan de lucha en reclamo de mejoras
salariales, mientras el resto de los gremios agrupados en la
intersindical docente, liderada por la Agremiación de Docentes
Formoseños (ADF), ha tomado una postura más dialoguista, acorde
con su tradición. Esta conducción optó por una metodología
conciliadora y de diálogo abierto con el Poder Ejecutivo,
confiando que próximamente se consiga que $100 de los $200
incorporados, pasen al sueldo básico docente. Así, el básico
pasaría de $393 a $493.
La situación en Formosa es además particular por tres
cuestiones diferentes pero interrelacionadas: una
socio-educativa, otra económica y otra política. En primer
lugar, Formosa es una de las provincias con indicadores
educativos más alarmantes, tanto en términos de calidad como de
cobertura y trayectorias de los alumnos, con mayor pobreza y
porcentaje de su población en edad escolar.
En segundo lugar, realiza uno de los menores esfuerzos
presupuestarios por la educación: en 2005 (último año disponible
para la comparación), el gasto educativo como porcentaje del
gasto total era 18,1%, el segundo más bajo del país. Por ello, a
pesar de ser una provincia que, a diferencia de sus contrapartes
del NEA y NOA, no ha sido tan perjudicada por la
coparticipación, en diciembre de 2006 era la tercera provincia
con salarios docentes más bajos. De todas formas, el gobierno
formoseño ha comenzado en los últimos años a revertir su
tendencia de no priorizar la inversión en educación, tal como
quedó demostrado con el alto sobre-cumplimiento de la Ley de
Financiamiento Educativo en el año 2006.
En tercer lugar, es una de las pocas provincias en donde las
dinámicas político-partidarias penetran en el sistema educativo.
En el resto de las jurisdicciones, debido a la existencia de
estatutos laborales que establecen criterios rígidos pero
objetivos para el ingreso a la docencia y que garantizan la
estabilidad laboral, los docentes en general son un cuerpo
relativamente independiente del poder político de turno. En
cambio, en Formosa el sistema educativo es utilizado por las
autoridades provinciales como un instrumento partidario, y la
discrecionalidad en las decisiones, muchas veces sin respetar
las normas que regulan el sistema, ha sido moneda corriente
desde hace más de 20 años. Las noticias periodísticas que
denuncian la existencia de acciones intimidatorias hacia los
docentes, como la de exigirles que anticipen su decisión de
adherir o no al paro, es una manifestación concreta de esta
práctica política.
Este marco ha sido facilitado, en parte, por la sistemática
alineación del gremio mayoritario, ADF, con el Poder Ejecutivo
-reflejada en el conflicto actual-, situación que ha
obstaculizado la consolidación de un actor que funcione de
contralor. El hecho de que ADF haya sido uno de los únicos
sindicatos en todo el país en manejar recursos de
infraestructura para el sistema durante la década del noventa,
gracias a una alianza con el gobierno, no es un dato menor.
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La presidente de
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna
(FPV-Entre Ríos), analiza el marco normativo de la Educación y
los desafíos para su cumplimiento.
-En estos dos últimos años el Congreso nacional sancionó
leyes estructurales del sistema educativo argentino,
fundamentalmente la Ley de Educación Nacional y la Ley de
Financiamiento Educativo, ¿cuáles cree que son los principales
aportes de estas leyes?
-Por un lado, hay un aporte externo a las propias leyes que
es político y que habilitó la sanción de estas normas. Esto
permitió generar un entramado normativo que las fortalece
mutuamente, no solamente por la Ley de Educación Nacional o la
Ley de Financiamiento Educativo, sino también por la Ley de los
180 días de clase, la Ley de Educación Técnica y la Ley de
Protección Integral de los Derechos del Niño. Esto está
generando un sistema legal integral con respecto a la educación,
que se da en un escenario que no es neutro, sino que el Estado
lo está habilitando.
-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan para
poder ser cumplidas?
-Hay diferentes niveles de desafíos. En primer lugar, es
necesario avanzar en un plano más macro donde hay que presentar
una fuerte justificación de por qué el Estado debe seguir
invirtiendo en educación en diferentes ámbitos. Hay una receta
clásica, ortodoxa, que propone reducir el gasto público. La Ley
de Financiamiento establece un aumento en la inversión y
establece las condiciones para que esto suceda. Otros desafíos
tienen que ver con las gestiones de la administración de la
educación. En este aspecto, está habiendo avances importantes,
como la firma de los convenios bilaterales con las provincias,
que muestra que hay voluntad política de avanzar con lo
dispuesto por la ley. Pero yo reconozco que las provincias, que
son las que tienen la mayor carga, son las que |
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se enfrentan al mayor desafío. A su vez, el cumplimiento de
estas leyes abre la puerta a otro debate: la distribución de
recursos. Se debería dar un replanteo de la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos, y la implementación de las leyes educativas da
señales anticipatorios de esta otra cuestión.
-¿Cree que los fondos que establece la Ley de Financiamiento
Educativo son suficientes?
-Yo creo que hoy, para recuperarse de una gran crisis, al sistema
educativo hay que asegurarle muchos más recursos. Pero esto habría
que ligarlo a otra cuestión que es la afectación específica de
recursos y la calidad del gasto. Este es otro gran debate. La
repitencia, por ejemplo, cuesta 700 millones de pesos anuales. Pero
esto no es una cuestión solamente presupuestaria sino también de
derechos. El conocimiento puede ser apropiado incluso en contextos
de pobreza y romper con círculos de pobreza. Sin embargo, de cada 10
chicos que repiten, sólo dos no son pobres. Este fracaso escolar es
una realidad contundente que se naturaliza en el sistema. Hay que
poner esta cuestión en el centro de la agenda.
-¿Cuál debería ser el rol del Congreso nacional, ahora que ya
se han sancionado las principales normas que regulan el sistema?
-Como legisladores, a partir de la sanción de las leyes, hemos
tenido un diálogo interno para hacer un seguimiento. Además, estamos
atentos a normas complementarias que vayan sosteniendo el
cumplimiento de las metas. En este momento, por ejemplo, estamos
avanzando con una ley de pasantías y otras leyes relacionadas con el
nivel medio. Estas leyes complementarían el entramado normativo que
mencioné anteriormente.
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¿Sabía usted que en el año 2006 la inversión destinada a la
educación entre el conjunto de la Nación y las provincias fue de
32.631 millones de pesos?
Esto representa un 5% del Producto Bruto Interno (PBI), con
lo cual se ha cumplido con las metas financieras establecidas en
la Ley de Financiamiento Educativo, que para el último año
correspondían a un 4,7%. |
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La participación de la Nación y las
provincias en esta inversión es del 28.4% y 71.6% respectivamente,
aunque dada la pauta de crecimiento del presupuesto educativo que
plantea la Ley, que demanda un mayor esfuerzo relativo del gobierno
nacional, la participación de la Nación debe aumentar
progresivamente hasta el año 2010 a fin de superar el 30% de la
inversión educativa total.
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| Los títulos y resúmenes seleccionados son extractos de los diarios citados y no involucran la opinión ni
suponen la corroboración informativa por parte del equipo de CIPPEC. |
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Presentaron un nuevo canal de tevé educativo
"Encuentro", el recientemente inaugurado canal del Ministerio de
Educación de la Nación, tiene por objetivo facilitar el acceso
al conocimiento y proveer a las escuelas de contenidos
televisivos y multimediales. Dirigido por el realizador Tristán
Bauer, tendrá programas producidos por universidades y escuelas,
además de espacios conducidos por Juan Leyrado, Jorge Guinzburg,
Lalo Mir y Adrián Paenza, entre otros.
Ver nota |
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Preocupa la calidad educativa en la región
Se realizó en Buenos Aires, la II Reunión del Comité
Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para
América Latina y el Caribe (Prelac). En dicho encuentro de
Ministros se destacaron avances en el acceso a la educación y en
materia de infraestructura. Sin embargo, se observó la necesidad
de avanzar en la calidad de la educación, que está relacionada
con dos factores: el financiamiento y los docentes, planteando
la necesidad de que el financiamiento sea distribuido con miras
a la eficiencia, la equidad social, y a políticas para la
docencia. También se enfatizó la necesidad de reforzar la
cooperación entre los países de la región, tanto en materia
monetaria como en asuntos técnicos y de intercambio educativo.
Ver nota |
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Página 12 - 05/04/2007
Los conflictos en todo el país
A más de un mes del inicio del ciclo lectivo, eran siete las
provincias en las que los docentes continuaban realizando
medidas de fuerza. Se trataba de La Rioja, Salta, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Formosa, Chaco y Neuquén. Exigían aumentos y
blanqueos de los sueldos.
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Unánime repudio a la violencia
Con movilizaciones en casi todas las provincias, maestros y
profesores de escuelas públicas y privadas, reclamaron justicia
por el asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén. Críticas al
gobernador Sobisch.
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Se pierden este año más días de clases
A los dos meses del comienzo del ciclo lectivo en todo el
país, hay doce provincias que, por los paros docentes, ya
perdieron una cantidad de días de clase que les impide llegar a
los 180 previstos por ley. Las jurisdicciones que perdieron más
jornadas son Neuquén (37), Salta (32), Santa Cruz (23), Tierra
del Fuego (11), Corrientes (9), La Rioja (8), Santa Fe y San
Juan, (7). Tampoco lograrán el umbral mínimo de 180 días
Catamarca y Chaco (6), Jujuy (4) y Santiago del Estero (2).
Además, de las 12 provincias, 11 ya perdieron más días que
durante todo el año pasado. Y salvo tres -San Luis, Córdoba y
Mendoza- todas ya perdieron más días que en el ciclo lectivo
anterior, a esta altura del año.
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Fuertes desigualdades en la inversión
educativa que hacen las provincias
La desigualdad educativa entre las provincias, además de darse
en los sueldos docentes, se verifica con singular fuerza en la
inversión por alumno que realiza cada jurisdicción. La causa de
estas desigualdades es la diferencia en la disponibilidad de
recursos fiscales por habitante, tanto los generados por cada
jurisdicción como los que provienen de las transferencias
nacionales, entre las cuales la coparticipación federal es la
más determinante porque beneficia de forma extraordinaria a
algunas provincias y perjudicar a otras. A esto, se suma la
decisión política de cada provincia de destinar mayores o
menores fondos a la educación en sus presupuestos. Sin embargo,
a pesar de estas desigualdades, un estudio realizado por CIPPEC,
afirma que, en general, las provincias están cumpliendo con la
meta de la ley de financiamiento educativo.
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La suba en los colegios duplicó a la
inflación
En los últimos tres años, las cuotas de los colegios privados
duplicaron a la inflación. El incremento del pago a las escuelas
fue del 62,7%, mientras que la inflación subió el 32,1%, de
acuerdo con datos del Indec. La razón principal, alegan los
colegios, son los sucesivos aumentos salariales otorgados a los
docentes, que las instituciones trasladan históricamente a las
cuotas. El crecimiento de las cuotas por encima de la inflación
se advierte en momentos en que el Gobierno negocia con los
colegios privados la autorización para nuevos incrementos, en
virtud de la última actualización salarial anunciada por el
ministro de Educación, Daniel Filmus. Sin embargo, si se
consideran las cifras a partir de diciembre de 2001, la
inflación acumulada asciende al 96,9% y el incremento de las
cuotas de los colegios es del 72%, por lo cual el índice de
costo de vida supera en los últimos seis años a los aranceles.
El esfuerzo del Gobierno por limitar el importe de las cuotas
responde a que la enseñanza privada es uno de los indicadores
que mayor incidencia tiene en la medición inflacionaria.
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Preocupa el aumento de los alumnos que son
medicados
Los especialistas advierten que ante el mal rendimiento
escolar de un niño recibe el rótulo de que padece del déficit de
atención y se lo medica. Se recomienda estudiar antes todo el
comportamiento del alumno.
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Dicen que se
cumplieron las metas en inversión educativa
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) presentó ayer en la Biblioteca
Nacional su primer informe anual de Monitoreo de la Ley de
Financiamiento Educativo. La conclusión es que, puesta bajo la
lupa, la mencionada ley pasó airosa la prueba: se logró
garantizar el cumplimiento de las metas de financiamiento de
2006 a nivel nacional y provincial.
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El nuevo
Instituto de Formación Docente funcionará desde 2008
El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) va tomando
forma. Autoridades del Ministerio de Educación de la Nación
anunciaron que el organismo, que tendrá como función regir la
capacitación de los maestros de todo el país, estará funcionando
plenamente en 2008.
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| Los títulos y resúmenes seleccionados son extractos de los diarios citados y no involucran la opinión ni
suponen la corroboración informativa por parte del equipo de CIPPEC. |
Córdoba - La Voz
- 04/04/2007
Habrá modificaciones curriculares en la
escuela primaria y secundaria
El Ministerio de Educación de la Provincia promoverá cambios
curriculares en los niveles medio y primario para adaptarse a
las nuevas exigencias de la Ley Nacional de Educación. Las
modificaciones afectarán a 865 mil alumnos de toda la provincia.
La idea es revisar, agregar o modificar la propuesta curricular
vigente: los contenidos y la carga horaria. Para ello, se
convocará a toda la comunidad: maestros, padres, universidades,
gremios y periodistas para que brinden sus aportes durante el
año.
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Misiones - Territorio Digital - 15/04/2007
Recortan fondos del programa que apunta a
bajar la repitencia
Por recortes en el presupuesto, este año sólo un centenar de
escuelas misioneras formarán parte del programa que trabaja para
disminuir la repitencia, a cargo del Ministerio de Educación de
la provincia y de Unicef. Desde 2002 y, hasta el año pasado,
había dos proyectos que se ocupaban de enfrentar los
problemáticos índices que ubicaban a Misiones en el peor lugar
de la tabla de posiciones a nivel país. Este año, la cartera
educativa afirmó que el presupuesto no alcanza para seguir con
el ritmo que se venía manteniendo y, entonces, en lugar de 300
serán 100 las escuelas asistidas, fusionando ambos programas.
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Chubut - El Chubut On Line - 26/04/2007
Docentes rechazan el borrador del Estatuto
del Docente
Los docentes aseguraron que se trataba del mismo estatuto que
ya habían analizado el año pasado y, que no contempla las
modificaciones realizadas por el gremio. Gerardo Carranza,
secretario General de SITRAED (Sindicato de Trabajadores de la
Educación) destacó que hay una serie de puntos en el borrador
que presentan un férreo rechazo entre los docentes. Por ejemplo
"el tema de la estabilidad de los docentes, está muy agarrada de
los pelos. No tenemos estabilidad y más aún, llegamos a no tener
la posibilidad de quedarnos con un cúmulo de horas cargo, que
realmente nos garanticen un estándar de vida digno". El tema de
la residencia y la titularidad, son otros de los puntos que
despiertan preocupación entre los trabajadores de la educación.
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Tierra del Fuego - El Sureño -
29/04/2007
Berrone presentó su renuncia
Tras la firma del acuerdo salarial del Gobierno con el sector
docente, el ministro de Economía, Raúl Berrone, presentó su
renuncia al cargo en franco desacuerdo con el incremento
otorgado a los docentes. Berrone había exteriorizado su rechazo
al acuerdo firmado con el SUTEF, que implicará una erogación de
21 millones de pesos a partir de octubre, cuando el aumento
escalonado alcance ese monto. Berrone había manifestado en
reiteradas oportunidades la imposibilidad de las arcas
provinciales de otorgar nuevas recomposiciones salariales
indicando que esto "pone en riesgo la estabilidad financiera".
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CABA - Clarín - 09/05/2007
Violencia escolar: extenderán las tutorías
en escuelas conflictivas
Las recientes peleas entre estudiantes de dos colegios
secundarios porteños, asoman como la punta del iceberg de una
problemática mayor, que inquieta a toda la comunidad educativa.
De hecho, a raíz de los últimos episodios entre alumnos del
Ingeniero Huergo y el Hipólito Vieytes, desde el Ministerio de
Educación de la ciudad de Buenos Aires planean extender y
profundizar el sistema de tutorías (que actualmente funciona
sólo de 1er a 3er año) a todos los años de aquellas escuelas
que, entienden, presentan altos índices de conflictividad. Un
relevamiento de la asociación civil Centro Dos sostiene que,
entre fines de 2004 y principios de este año, crecieron un 30%
las consultas referidas a la violencia escolar por parte de
docentes, psicopedagogos y directivos de escuelas públicas y
privadas del área metropolitana. En ese mismo informe, el 86% de
los 400 docentes encuestados afirma que en la institución donde
trabaja sucedieron episodios de violencia.
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La Rioja - Nueva Rioja - 13/05/2007
Reconocen ocho horas de trabajo a docentes
de jornada completa
El Ministerio de Educación provincial anunció que, a los
docentes de jornada completa, se les reconocerán ocho horas de
trabajo en lugar de las seis horas con las que hasta ahora se
liquidaban sus haberes mensuales. La decisión de la cartera
educativa fue tomada en el marco de una reunión que Carlos Luna,
ministro de Educación, mantuvo con lda Lucero, secretaria
general del Sindicado de Educadores de La Rioja (SELaR), y con
un grupo de docentes de escuelas de jornada completa.
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Salta- El Tribuno - 13/05/2007
Los docentes presentan proyectos de
recuperación
Los docentes de escuelas públicas recibieron un pedido del
Ministerio de Educación provincial para la presentación de
proyectos de recuperación de las clases perdidas durante los
días de huelga. Muchos ya presentaron sus propuetas: realización
de actividades extras para la casa, rediseño de currículas y
modificación del calendario escolar, entre otras.
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Mendoza - Los Andes - 15/05/2007
Para que todas las escuelas tengan doble
escolaridad faltan 120 edificios nuevos
La titular de la Dirección General de Escuelas, Emma Cunietti,
aseguró que, para cumplir el anhelo del Gobierno de que todas
las escuelas de la provincia tengan jornada extendida, "harían
falta unos 120 edificios nuevos". Según confió la funcionaria,
la mayor necesidad de construir edificios se produce en los
sectores urbanos. Esto se debe, según advierten desde la DGE, a
la llegada de 40 mil personas más al sistema educativo entre el
servicio cívico voluntario, el nuevo polimodal y las
instituciones de formación laboral. La titular de la DGE
manifestó que al término de la actual gestión del gobernador
Cobos, la provincia contará con 30 nuevos edificios. Hoy 26 mil
alumnos mendocinos asisten a escuelas con jornada doble, lo que
significa el 27 por ciento de los establecimientos incorporados
al sistema. Así, a nivel país, la Provincia corre con ventaja en
este terreno, ya que la recién sancionada Ley de Educación
Nacional establece que cada jurisdicción debe llegar al año 2010
con el 30 por ciento de las instituciones con doble escolaridad.
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Chaco - Los Andes - 16/05/2007
Casi cien aborígenes serán becados para
completar sus estudios superiores
Este proyecto se lanzó en la provincia del Chaco, como parte
del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, y
está orientado a propiciar la formación de docentes de origen
indígena, de modo de contribuir a enriquecer los espacios de
enseñanza y aprendizaje de la formación docente y del sistema
educativo nacional, atravesado por la diversidad cultural y
lingüística. Además, busca abrir nuevas posibilidades educativas
para las comunidades indígenas.
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Tucumán- La Gaceta- 22/05/2007
Malversación por $ 150.000 en Educación
La ministra de Educación de la provincia de Tucumán, Susana
Montaldo, hizo la denuncia penal y separó de sus cargos a la
tesorera y a la subtesorera. La malversación tuvo lugar en la
Tesorería del Ministerio de Educación donde se descubrió que 80
cheques, correspondientes a los sueldos de enero pasado de un
grupo de docentes, fueron cobrados por otras personas y no por
los beneficiarios.
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Publicaciones recientes de CIPPEC
-Axel Rivas, Luciano Di Gresia, Martín Scasso, Alejandro Vera
y Analía Viola: Monitoreo de la Ley de Financiamiento
Educativo. Informe Anual. Período abril 20006-abril 2007,
CIPPEC, Buenos Aires, mayo 2007.
Otras publicaciones
-Ricardo Baquero, Gabriela Diker y Graciela Frigerio: Las
formas de lo escolar, Del estante Editorial, Buenos Aires,
2007.
-Silvia Duschatzky: Maestros errantes, Editorial
Paidós, Buenos Aires, 2007.
-Alicia Camilloni: El saber didáctico, Editorial
Paidós, Buenos Aires, 2007.
-Myriam Feldfeber y Dalila Andrade Oliveira (comps.):
Políticas educativas y trabajo docente. Nuevas regulaciones
¿Nuevos sujetos?, Ediciones Novedades Educativas, Buenos
Aires, 2007. |
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Eventos
-III Jornada de Actualización y Perfeccionamiento Docente
para Nivel Inicial “El jardín de infantes: repensando teorías y
prácticas”, organizado por la Revista Trayectos y auspiciado
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación. Tendrá lugar el 30 de junio en Hipólito Yrigoyen 4350,
ciudad de Buenos Aires. Se desarrollará en la modalidad de
conferencias y talleres. Es una actividad arancelada. Para mayor
información, comunicarse al (011) 4372-2361 (de 9:00 a 18:00
horas) o por correo electrónico a
reddecapacitacion@uolsinectis.com.ar -Jornadas de
Investigación en Educación "Educación y perspectivas:
contribuciones teóricas y metodológicas en debate",
organizadas por la Escuela de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El encuentro tendrá lugar
el 4 y 5 de julio de 2007, y se trabajará sobre nueve áreas
temáticas: políticas en educación, abordajes históricos y
filosóficos, didácticas y medios educativos, infancia, jóvenes,
contextos rurales, adultos, aprendizajes y subjetividades,
formación y trabajo docente. Para mayor información, comunicarse
por correo electrónico a invescor@ffyh.unc.edu.ar |
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Hacemos Estados de la Educación:
Coordinadores: Axel Rivas y Florencia Mezzadra.
Equipo: Alejandro Vera Mohorade, Claudia Composto,
Julia Coria y Celia Veliz.
Selección de noticias: Lucila
Carballo, Ana Chibán, Alejandro Cosachcow y Javier Vazquez.
Edición: Laura Zommer e
Inés Lanz.
Diseño: Javier Sarrelli.
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