CTERA y el rector de la Escuela Superior Carlos Pellegrini, Abraham Gak, criticaron ayer el pedido de la Asamblea Episcopal para un financiamiento "equitativo" de la educación estatal y privada, y advirtieron que el "compromiso del estado es con la educación publica".

"El subsidio amplio e indiscriminado que se reclama para las escuelas privadas como definición principista debe ser normado", sostuvo CTERA sobre el pedido de los obispos.

El sindicato docente dijo, en este sentido, que es necesario "no caer en el anacronismo de un estado que aún financia con grandes limitaciones a las escuelas oficiales y ahora deba subvencionar a los emprendimientos educacionales con fines de lucro", agregó.

En la declaración "El derecho a la educación debe estar por encima de los intereses corporativos", los docentes reafirmaron "el criterio que tiene amplio consenso social acerca de que el otorgamiento de subsidios debe estar regido por objetivos relacionados con la función social que dichos establecimientos educativos cumplan".

Gak, por su parte, dijo que "los obispos piden pensar como ubicamos el compromiso del estado frente a la educación pública y privada y me parece una cosa anticuada".

El rector cuestionó que los religiosos "piden sostenimiento económico equitativo en cuestiones que son inaceptables y la sociedad tiene que ser categórica y el gobierno tener fortaleza para oponerse a esto que es peligroso".

El Plenario de Obispos había aseverado que "la educación es para todos, y todos tienen derecho a iguales oportunidades. Corresponde al Estado, sobre la base del principio de justicia distributiva, financiar de manera equitativa tanto la educación de gestión estatal como la de gestión privada".

Advirtieron por otra parte, que "la necesidad real de superar un sistema educativo fragmentado no debe justificar una intervención excesiva del Estado Nacional sobre las autonomías provinciales".

Acerca del supuesto avance del estado en las autonomías provinciales, CTERA aseguró que "durante más de una década, el sistema educativo argentino sufrió las consecuencias de la deserción del Estado Nacional, con la gravísima secuela de desigualdad y fragmentación que castigó particularmente a las comunidades más pobres". "Esgrimir el argumento del supuesto avance sobre las autonomías provinciales que se derivaría de la reasunción de responsabilidades por parte del Estado Nacional en el texto de la nueva Ley significa introducir un falso eje de debate", remató la central docente.